POLÍTICA
Compromís supende a Ros por presentar 750.000 euros en facturas en este cuarto trimestre
En este sentido Alabajos ha recordado que los nombres de los proveedores que aparecen en el informe de intervención son los mismos que los de la época de gobierno del Partido Popular, con lo cual el PSOE de Ros continúa por la misma senda que Amparo Fogado y Maria José Catalá en cuanto a los procesos de contratación pública
Compromís per Torrent considera inasumible que en el cuarto trimestre de 2017 el ejecutivo socialista de Ros presente alrededor de 750.000€ en facturas informadas con disconformidad por la Intervención Municipal. El montante económico se corresponde con 8 relaciones de facturas de las cuales 730.527’38€ han sido recepcionades por el Ayuntamiento, más 16.162’12€ provenientes del Consell Agrari Municipal y finalmente la fiscalización con inconvenientes de 3000€ de una subvención otorgada por la Delegación de Fiestas por la organización de una matinal motera.
Para Compromís per Torrent el incumplimiento de los artículos 138 y 86 de la Ley de Contratos del Sector Público indica que el montante anual facturado por cada proveedor, recogido en el informe de Intervención, supera el límite autorizado para las contrataciones menores, lo que en la práctica supone un fraccionamiento encubierto del contrato. El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha explicado que esta manera de gestionar no es propia de la transparencia y la igualdad en la concurrencia competitiva entre los proveedores que quieran optar a ofrecer sus productos y servicios al Ayuntamiento de Torrent.
En este sentido Alabajos ha recordado que los nombres de los proveedores que aparecen en el informe de intervención son los mismos que los de la época de gobierno del Partido Popular, con lo cual el PSOE de Ros continúa por la misma senda que Amparo Fogado y Maria José Catalá en cuanto a los procesos de contratación pública. No obstante desde Compromís han matizado que los proveedores presentan las facturas por los bienes y servicios requeridos y es responsabilidad de la administración velar para que el proceso se realice de acuerdo con los principios públicos de igualdad en la contratación.
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