El PP acusa a Ros de gastarse casi 7.000 euros en un anuncio de urgencia para una plaza anulada por infringir la ley

Tras nueve meses desde que la Junta de Gobierno Local de Torrent de 23 de diciembre de 2016, aprobó una plaza para Jefe de Servicio de Fiscalización, mal convocada, según la Delegación del Gobierno y el Colegio Oficial de Habilitados Nacionales, Ros ha tenido que reconocer su error y anular la convocatoria. La portavoz del Partido Popular, Amparo Folgado ya criticó en el mes de marzo que esta convocatoria “había costado casi 7.000 euros debido a una mala planificación y descontrol del gobierno socialista de Torrent”. Ya que, se publicó de Urgencia en el B.O.P. costando un 300% más caro que una publicación ordinaria.

El 3 de marzo, la Delegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento de Torrent la anulación de la totalidad del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, por vulnerar la normativa de carácter presupuestario y la normativa de función pública. Aún así, recuerda Folgado “el 6 de marzo de 2017, habiendo pedido la Delegación de Gobierno la anulación, el Ayuntamiento publicó la relación de aspirantes admitidos”. Posteriormente, el 16 de marzo de 2017, el Colegio de Habilitados Nacionales, trasladó a Ros, la misma advertencia que ya había requerido la Delegación del Gobierno.

Para la portavoz de los populares, Amparo Folgado “el desgobierno de Ros nos está costando muy caro a los torrentinos, ya que se han gastado el dinero al publicar una convocatoria de urgencia. Dos personas que se habían presentado se han visto perjudicadas por este mal procedimiento y sigue sin cubrirse la plaza de funcionario de Jefe de Fiscalización”. Con todos estos vaivenes, “suman una más a la mala gestión y falta de credibilidad, del Ayuntamiento de Torrent gobernado por el Partido Socialista”.

Amparo Folgado también afirma que “esta mal gestión del personal municipal, se suma al Caso Uniformes, a las quejas por las productividades del personal, a los recortes en el TDIC y a una política errática y sin planificación, en materia de personal y administración, que siempre perjudica a funcionarios y a ciudadanos de Torrent”.