La Comisión del “Caso Uniformes” declara responsables al Jefe de Policía y al Concejal de Seguridad
En el dictamen de 14 páginas al que ha tenido acceso este periódico se indica que toda la responsabilidad técnica del proceso de contratación es del Jefe de Policía Eduardo Martínez Asensi, debido al incumplimiento de la ley en la redacción del pliego. El escrito también señala al Concejal de Seguridad Ciudadana, Jose Antonio Castillejo, como responsable político a pesar de "no haber tenido mala intención". La comisión considera por unanimidad que tuvo una actitud poco prudente al proseguir un proceso de adjudicación sin los permisos necesarios desconociendo si podía usarse la uniformidad adquirida. La comisión también apunta a la Generalitat como principal responsable del desaguisado por u ambigüedad y falta de rigor, por las que le piden responsabilidades técnicas y políticas.
Tras más de 60 horas de comparecencias, 700 folios y largas negociaciones entre los distintos grupos del consistorio la Comisión de Investigación ha emitido sus conclusiones por unanimidad.Para el Jefe de Policía se propone que se inicie un expediente para sancionar su conducta y que en el futuro no participe en ningún proceso de contratación del Ayuntamiento, mientras que al Concejal de Seguridad también se le retirarán las competencias en materia de contratación y convenios en el área de Seguridad Ciudadana, para evitar estas situaciones en un futuro.
En los Antecedentes de Hecho, se tilda a la Generalitat Valenciana de “lentitud manifiesta, ambigüedad y falta de claridad y concreción” y se piden responsabilidades técnicas y políticas a los responsables de estas materias. Estas conclusiones deberán ser elevadas al pleno del ayuntamiento para ser sometidas a votación, no obstante, ya en la comisión todos los grupos políticos han votado a favor de las conclusiones.
Para los populares ha quedado de manifiesto que existen responsabilidades por unas acciones muy graves que han menoscabado la integridad y la imagen del Ayuntamiento de Torrent, y esperan que se tomen medidas. Nacho Carratalá edil popular que denunció el caso desde el primer momento ha señalado que “por fin termina un asunto de enorme importancia. Este dictamen nos da la razón a los que señalábamos las múltiples irregularidades de este caso”
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