Fiscalía pide al Juez de Torrent que investigue el caso Uniformes de Policía

El Partido Popular ha hecho público que el pasado 9 de mayo la Fiscalía instó al Juzgado de Torrent a iniciar un procedimiento Penal por el “Caso Uniformes” por considerar que pueden ser constitutivos de un delito contra la administración pública. Según el documento recibido hace dos semanas por el PP, y hecho público hoy en rueda de prensa, el juez decano de Torrent tendrá que determinar si archiva o se abren investigaciones.

Desde el gobierno municipal socialista han defendido la transparecia del proceso "avalado por informes técnicos" y consideran que "lo normal es que se habra investigación, lo cual no quiere decir que haya delito". Para los populares, “es significativo que la fiscalía acepte a trámite, abra diligencias porque ve indicios, y ahora inste al juzgado a abrir un procedimiento penal, lo que esperamos es que todo esto se resuelva pronto, es intolerable que se juegue con el bolsillo de los torrentinos”

El color celeste determinó el concurso de empresas

El “Caso Uniformes” se inició al detectarse que el pliego de condiciones del proceso de contratación de la uniformidad policial contradecía frontalmente un decreto de la Generalitat, como consecuencia de esto, una única empresa pudo suministrar el color azul celeste que pedía el ayuntamiento, en lugar del conocido amarillo marcado por el decreto, siendo finalmente adjudicada por 205.000 Euros, pese a que su competidora presentaba las prendas por casi 100.000 Euros menos.

La Fiscalía provincial de Valencia ya notificó en el mes de marzo que abría diligencias de investigación penal por el ya conocido como “Caso Uniformes”, tras un escrito del grupo popular en el que se ponían de manifiesto numerosas irregularidades en el proceso de contratación de la uniformidad policial por un valor de 205.000 Euros.

Una vez finalizadas las diligencias de investigación y al apreciarse hechos irregulares, la fiscalía ha trasladado el caso al Juzgado de Torrent con el objetivo de que se inicie un procedimiento penal, en su escrito la fiscalía señala que se han puesto en su conocimiento “determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para el suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local, presuntamente con el fin de beneficiar a la empresa adjudicataria”, hechos que podrían ser constitutivos de delito.

Sospechas por parte del sindicato CC.OO

Una de los primeros en sospechar en la adjudicación fue el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO). En este sentido también se manifestó tanto el sindicato CCOO, como la empresa que no fue adjudicada, el primero habla de intereses empresariales en la vulneración del decreto “con el fin de vender más y antes que nadie”, mientras que el segundo afirma que algunas descripciones técnicas del pliego son copias de etiquetas de los productos de la empresa adjudicada.

Por otra parte, ha finalizado la comisión de investigación que se viene celebrando desde hace dos meses para esclarecer los hechos que rodean a la contratación, en las próximas semanas se celebrará la sesión de conclusiones, donde los diferentes grupos municipales manifestarán su postura, los populares afirman “está muy claro que hay responsabilidades, ahora tendremos que sentarnos, analizar toda la documentación de la comisión de investigación y ver el alcance de las mismas”.

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