La Dirección General de Seguridad advierte que se debe cumplir la ley de uniformidad policial

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha advertido por escrito para que se cumpla la ley sobre uniformidad. Según un comunicado enviado por el PP, el sindicato CCOO también ha remitido una circular a sus afiliados advirtiendo de la ilegalidad de la nueva uniformidad. Desde hace unos meses el PP está investigando la legalidad por presuntas irregularidades en torno a un contrato de uniformidad policial que fue contratada por valor de 205.000 Euros, y que según los populares habrían hecho que se hubiera adjudicado a a una empresa en concreto.

Para los populares, "ha quedado certificado que el ayuntamiento de Torrent incumplió el decreto autonómico de uniformidad policial en base al que fabrican las empresas del sector, de esta forma solicitaron unas características técnicas que solo cumplía una empresa, penalizando a las que cumplían la normativa. Los populares no tienen reparos en calificarlo de “Un traje a medida”", señalan.

Tras el informe jurídico del secretario del ayuntamiento, "donde se dejaba patente que algunas prendas no se ajustaban a la legalidad, se ha remitido ahora un escrito de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias dirigido al Alcalde Jesús Ros Piles donde se le insta a “ajustarse a lo establecido en el Decreto 114/2005 regulador del sistema de homogenización y homologación de la uniformidad de la Policía Local”.

El sindicato CCOO con mucha representación en la plantilla policial, también se habría posicionado al respecto. Segun los populares, se habría emitido una circular interna donde se hacen eco del dictamen emitido por la dirección general sobre la ilegalidad de la uniformidad, “Que no pueden actuar contra la decisión municipal de comprar lo que estimen oportuno, pero si sobre el hecho de que dicha uniformidad no puede ni debe utilizarse”

Pleno forzado por el PP sobre los uniformes

Estos nuevos acontecimientos comprometen todavía más la posición del gobierno socialista, y todo ello a la espera de un pleno extraordinario convocado por el PP para tratar exclusivamente esta cuestión. El edil popular Nacho Carratalá quien lleva investigando “el caso uniformes” más de cuatro meses afirma “nos ha dado la razón el secretario, ahora la Dirección General de Seguridad y unos de los sindicatos mayoritarios, y el gobierno sigue decidido en incumplir la ley, parece que busquen que sea un juez quien tome cartas en el asunto. Han beneficiado a una empresa con practicas ilegales, perjudicando al resto”