Un informe jurídico advierte a Ros que la contratación del “Caso Uniformes” podría ser ilegal.

El secretario del ayuntamiento, máximo responsable jurídico de la administración, ha emitido a petición del Partido Popular y de Ciudadanos un informe legal sobre el proceso de contratación de los uniformes, ya que existen dudas sobre la legalidad del mismo. La oposición basa su estrategia en el “desorbitado” precio de la licitación (205.000 Euros) en comparación con el año pasado (50.000 Euros), el incumplimiento del Decreto de uniformidad de la Generalitat, que según afirman los populares “beneficia a una única empresa en detrimento del resto, parece que le han hecho un traje a medida”, y sobre todo en los precios ofertados, hasta un 200% de diferencia entre prendas de distintas empresas, habiéndoselo adjudicado a la más cara.

El informe afirma que el procedimiento legal para poder realizar cambios en la uniformidad “no ha sido utilizado por este ayuntamiento” habiéndose basado en un escrito “el cual parece posibilitar el uso del color objeto de debate”. Para continuar diciendo textualmente “las dos piezas objeto de debate no se ajustan al decreto 114/2005, no solamente en la posibilidad de utilizar el color azul celeste, sino también en la descripción de sus características generales”. Según el edil popular Nacho Carratalá, responsable de la investigación del caso uniformes, “que se gasten más de doscientos mil euros de los torrentitos basándose en un “parece posibilitar” es una broma de mal gusto, eso sin tener en cuenta el presunto trato de favor hacia la empresa adjudicataria, ya que casualmente solo una empresa disponía del tipo de prendas solicitadas por el ayuntamiento, que se ha demostrado que son ilegales”

El informe del secretario finaliza indicando que “son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico” es en este punto donde los populares se hacen fuertes, aseguran que se les está dando la razón después de más de cuatro meses de investigación. “Esperamos que se tomen medidas antes de que un juez las tome en su lugar, y por ello vamos a exigir la dimisión de los responsables políticos de esta contratación” asegura Carratalá.