El PSOE acusa al PP de "utilizar" a los animalistas para atacar al gobierno local

Sin referencia a la expulsión de los animalistas por el alcalde Jesús Ros, y haciendo un repaso del pleno ordinario, los socialistas de Torrent han acusado al PP de utilizar a los colectivos animalistas para atacar al gobierno municipal socialista. El comunicado, que no ha sido enviado a los medios, califica de "tenso" el momento vivido "por la demagogia del grupo Popular al presentar una enmienda cuyo cumplimiento hubiese provocado al Ayuntamiento caer en una ilegalidad".

Los socialistas echan en cara a la ex-alcaldesa Amparo Folgado que "durante sus ocho años de mandato no hizo ninguna acción para evitar llegar a la situación actual" y han criticado que "se aprovechara de las asociaciones animalistas con el fin de atacar al gobierno socialista, que es quien está haciendo las gestiones para solucionar un problema que se arrastra desde bastante tiempo".

Los socialistas también han destacado algunos de los acuerdos tomados en el pleno, sin hacer referencia a la no bajada del coeficiente del IBI que supondrá una leve subida de entre 0 y 10 euros para 12.000 recibos. "apuntando que el portavoz del grupo socialista, Andrés Campos, defendió las nuevas ordenanzas que van acorde con lo propuesto en el programa electoral y el acuerdo de investidura".

Entre los temas que sí hace referencia se encuentra el voto conjunto de PSOE, Compromís y Guanyant (abstención de Ciudadanos y voto en contra del PP) para reprobar las desafortunadas declaraciones del arzobispo de Valencia sobre los refugiados de la guerra de Siria. También destacan, la unanimidad de todos los grupos para apoyar la propuesta de la Concejala de Educación, Patricia Sáez, para solicitar a la consejería de Educación, Cultura y Deportes la creación de una Escuela Oficial de Idiomas propia en Torrent y dejar de disponer de un aulario dependiente de la EOI de Quart.

Por último destacan con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP, que pedía subvencionar el IBI, instar al gobierno central una reforma legislativa que contemple la excepción del IBI a unidades familiares con todos los miembros en situación de desempleados.