POLÍTICA
La FEMP pide una moratoria para la nueva ley de la administración local
Los alcaldes miembros de la Junta de Gobierno entre los que se encuentra, Jesús Ros, ven con preocupación la posible entrada en vigos, el 1 de enero, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Los alcaldes de la FEMP han insistido en la necesidad de solicitar al Gobierno una moratoria que aplace la entrada en vigor de la ley. El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha participado esta semana como representante en la Junta de Gobierno de la FEMP. En la reunión ha quedado patente la preocupación en los municipios ante la posible entrada en vigor el próximo 1 de enero de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que supondría la pérdida de competencias de los ayuntamientos en las materias de política social, especialmente para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
El pasado 17 de octubre de 2013 se aprobó con el voto en contra excepto el PP esta reforma que quitará competencias a entidades menores y prohibir prestar servicios impropios cuando haya déficit. El congreso debatió la ley de reforma de los Ayuntamientos de “Reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local” tras más de un año de enfrentamiento en la Fedederación de Municipios y Provincias. Los populares aprobaron una ley con toda la oposición en contra y parte de sus alcaldes por considerar que limita en extremo la gestión municipal. Este pasado fin de semana cerca de 2.000 alcaldes de toda España de todos los partidos excepto el PP se manifestaron en Madrid para exigir la retirada del proyecto.
Desde el PP se ha señalado que la reforma es necesaria y que se ha estudiado en profundidad antes de enviar al congreso. Desde el PSOE consideran que hay una clara intención de privatizar los servicios de los pequeños consistorios. También sospechan que habrá un retroceso en servicios sociales como teleasistencia, ayuda a domicilio, tercera edad, infancia y juventud.
Cada año, los municipios tendrán que dar cuentas de cuánto pagan por cada servicio para que los ciudadanos puedan hacer comparaciones. No podrán prestar servicios “impropios”, si presentan déficit, tendrán limitaciones en materia de contratación, deberán suprimir consorcios y mancomunidades si no cumplen unas estrictas reglas o incrementar sus ingresos para financiar servicios obligatorios. Las entidades locales menores, también llamadas concejos o pedanías, desaparecerán si no presentan cuentas en un breve plazo de tiempo o si el Ayuntamiento de cabecera incumple la regla del gasto.
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