Guanyant Torrent propone abordar el problema de los desahucios cuanto antes

La Plataforma Ciudadana torrentina, ante el reciente episodio vivido en la ciudad de un intento de desahucio de una familia a causa del impago de la hipoteca al banco, manifiesta que este tema se ha de abordar lo antes posible con el fin de evitar que más familias torrentinas se vean privadas del derecho constitucional a una vivienda digna.

En este sentido, aboga por el establecimiento de un protocolo de actuación de urgencia para encontrar soluciones a los casos de familias desahuciadas sin alternativas habitacionales, mediante viviendas de alquiler social de acuerdo con las posibilidades económicas de las personas afectadas.

La plataforma ciudadana, apunta la necesidad de elaborar un censo de viviendas desocupadas y abandonadas del municipio y que el Ayuntamiento habilite un servicio de seguimiento de la situación global de la vivienda y de los procesos de ejecución hipotecaria y desahucios, con la finalidad de hacer visible una realidad oculta a menudo.

Guanyant Torrent, propone la creación de un Servicio Municipal eficaz, en constante colaboración entre los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la PAH, dotado de recursos suficientes para ofrecer a las familias en proceso de desahucio, el debido asesoramiento legal.

Igualmente, plantea que el Ayuntamiento ejerza la función de mediación ante los bancos, cajas y administradores de fincas, en las negociaciones para encontrar alternativas que no comporten la negación del derecho a la vivienda a las citadas familias o personas. Pero además, propone la suspensión del cobra del IBI a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria en caso de dación en pago y que este impuesto se le reclame a la entidad financiera.

Finalmente, la plataforma ciudadana torrentina propone, que el Pleno Municipal acuerde remitir a todas las entidades financieras con sucursal en Torrent, la demanda de la suspensión inmediata de cualquier  proceso de desahucio en el término municipal y a instarlos a realizar todas las actuaciones posibles para evitar las ejecuciones hipotecarias y desahucios e intentar acordar sistemas que permitan la moratoria de estos procesos.