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REDACCIÓN
Jueves, 06 de Noviembre de 2014
POLÍTICA

La televisión local pública echa el cierre

Folgado: "No se puede engañar a la ciudadanía trasladando la intención de vender, ceder o poner en marcha una televisión cuya licencia no ha existido nunca". Y es que el consorcio se formó en 2006 pero el proyecto nunca se puso en marcha

El proyecto de una televisión local pública ya es historia. El consorcio formado por als poblaciones de Albal, Alaquàs, Quart de Poblet, Alfafar, Benetússer, Cheste, Paiporta, Paterna, Sedaví y Torrent ha liquidado este proyecto que nunca vio la luz pero que contaba con una aprtida presupuestaria. El activo liquidado asciende a 106.548,56 euros, cantidad que se repartirá entre los municipios integrantes del Consorcio en función de la aportación inicial que realizaron cada uno de ellos, destinándolo a fines sociales tal y como se acordó en sesión plenaria. De los 321.314,46 euros de aportación inicial entre todos los municipios, quedan disponibles 106.548,56 euros, tras el gasto que supuso la puesta en marcha del Consorcio. De este modo, Torrent tiene a su disposición algo más de 27.323 euros. La capital de l'Horta Sud es la localidad que más dinero aportó para este proyecto, ideado en la época socialista.
 

El informe jurídico reitera la inexistencia de licencia
Por otro lado, la Comisión Ejecutiva ha reiterado la inexistencia de licencia, tal y como refleja textualmente el informe jurídico sobre las posibles alternativas a la disolución del Consorcio elaborado por el secretario del ente  ‘’El Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre no es titular de ninguna concesión administrativa para la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres, por lo que por el simple hecho de disolverse (el consorcio) no puede traer como consecuencia la pérdida de lo que no tiene’’. El secretario del pleno informó que el Consorcio nunca ha poseído licencia desde sus comienzos, ya que no poseía la conformidad de todos los municipios de la demarcación, por lo que no se podría emitir en municipios en contra.

 

Además, el informe añade textualmente que ‘’No disolver el Consorcio pero mantenerlo en hibernación, esto es, sin actividad, sin presupuestos y sin funcionarios no es una opción legalmente adecuada ni resulta viable formal y materialmente hablando, máxime cuando algunos Ayuntamientos ya han manifestado de algún modo su intención de salir del Consorcio’’, por lo que la propuesta de Quart de Poblet, Albal y Alaquàs de mantener el consorcio a coste 0 sería legalmente inviable. De este modo, Folgado ha valorado las declaraciones del edil de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes como ‘’demagógicas y oportunistas’’ ya que ‘’no se puede engañar a la ciudadanía trasladando la intención de poner vender, ceder o poner en marcha una televisión cuya licencia no ha existido nunca’’.

 

El Consorcio para el desarrollo de la TDT Local Pública, fue puesto en marcha en 2006 durante la etapa del gobierno socialista de José Bresó con la intención de crear una televisión pública local, integrado por diferentes municipios, la mayoría de ellos de signo socialista en aquel entonces. En un principio, el decreto del Gobierno Central sólo establecía una única demarcación territorial para Valencia y su área metropolitana. Por ello, el gobierno de Bresó decidió solicitar al Ministerio de Industria que desdoblara la demarcación de Valencia para crear una demarcación exclusiva para los municipios cuya mayoría poseían gobiernos locales socialistas. Finalmente, la TDT no pudo ponerse en marcha desde entonces, ya que no contaba con el visto bueno de todos los ayuntamientos.

 

Además, el equipo de gobierno socialista de Bresó en Torrent anunció en 2007 que la puesta en marcha de esta nueva televisión de forma conjunta a otros municipios contaba con una previsión de inversión inicial de un millón de euros, más una explotación anual de un millón de euros con un gran despliegue de medios propio de un proyecto faraónico. Folgado expresó la necesidad de que Torrent saliera del ente dado su porcentaje de participación de un 20%, lo que supondría una carga muy elevada para las arcas municipales.

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