Los socialistas piden al PP que derogue el copago de residencias

El Grupo Municipal Socialista de Torrent ha exigido a la Generalitat que derogue el decreto 113/2013 de les Corts Valencianes que establece el régimen y las cuantías que los ciudadanos dependientes deben abonar si desean mantener la asistencia que en la actualidad se les está prestando. Estos copagos, cuyos importes ya están siendo comunicados a estos ciudadanos a través de cartas, fijan elevadísimas mensualidades que pueden empujar a muchos dependientes a prescindir de la prestación que necesitan por no poder pagarla.

Los socialistas torrentinos se han sumado a las mociones que su partido está presentando en Ayuntamientos en las que reclama al Consell y al Partido Popular valenciano, que es la formación que dispone de la mayoría en el parlamento autonómico, la retirada del citado decreto, aprobado el pasado 2 de agosto. “Exigimos que este tipo de medidas, siempre que se apliquen, se lleven a cabo presididas por el criterio de la proporcionalidad y la justicia social, es decir, ajustando los importes a las rendas de cada ciudadano, y nunca fijando cuantías que hagan imposible su pago”.

Según los socialistas, la desproporción de los importes establecidos por el Partido Popular valenciano se manifiesta de forma clara en casos como el de los usuarios residenciales, “a quienes se les requerirán 14 mensualidades que superarán hasta en 160 euros la cifra que estos ciudadanos ingresan cada mes, quedando automáticamente expulsados del sistema”.

Del mismo modo, el decreto establece para usuarios de residencias con carácter general, una cantidad mínima para gastos personales fijado en un 19% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, el IPREM. En concreto, alrededor de 101 euros mensuales a disposición de estas personas para ropa, peluquería, podología, copago farmacéutico, atención dental, entre otros.

“Ante esta coyuntura, desde el Grupo Municipal Socialista de Torrent queremos dar nuestro apoyo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, de la Comunitat Valenciana que está trabajando para revertir esta situación”.

Un decreto que incumple la legislación internacional, estatal y autonómica

El CERMI CV ha recurrido el citado decreto de les Corts Valencianes por ser contrario a la legislación, al propio Código Civil, y a lo recogido en la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Desafortunadamente, este procedimiento legal puede ser más largo de lo que las personas con discapacidad y los centros de atención puedan soportar. Además, el decreto incumple la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Para el Grupo Municipal Socialista de Torrent la decisión del gobierno valenciano es totalmente injusta, y como señala nuestro portavoz, Andrés Campos, “también está poniendo en peligro los puestos de trabajo y la actividad económica que se genera en torno a estos centros en los municipios y comarcas donde se encuentra ubicados. Reclamamos al Partido Popular que derogue el decreto y que se siente a la mesa a negociar con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ya que la administración no puede dar la espalda a aquellos que más lo necesitan”.