Upyd exige que se cumpla la ley y se cierre el centro hípico las palmas
UPyD en Torrent denuncia la falta de actividad de Dª. Amparo Folgado Tonda a la hora de hacer cumplir la ley.
La hípica carece de licencia ambiental e inscripción en el registro de núcleos zoológicos y ganaderos, por lo que no puede ejercer su actividad, y la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera de la Generalitat, con fecha 09 de Septiembre, resolvía que en el plazo de un mes la hípica debía trasladar todos sus animales, cesando totalmente la actividad pecuaria.
Unión Progreso y Democracia ha exigido al ayuntamiento de Torrent que cumpla la Ley en el caso del Centro Hípico Las Palmas. La hípica carece de licencia ambiental e inscripción en el registro de núcleos zoológicos y ganaderos, por lo que no puede ejercer su actividad, y la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera de la Generalitat, con fecha 09 de Septiembre, resolvía que en el plazo de un mes la hípica debía trasladar todos sus animales, cesando totalmente la actividad pecuaria.
Siendo el Ayuntamiento el ente que debe ejecutar dentro del municipio los cierres de negocios ilegales, UPyD "no entiende qué motivos son los que llevan a la alcaldesa y a su equipo a no acatar inmediatamente esta indicación". El mismo Síndic de Greugues recomienda al Ayuntamiento de Torrent que “exija el cumplimiento de la legalidad ambiental vigente, dando información de dichos trámites a los promotores de la queja, habida cuenta de que el incumplimiento de aquel deber es título de imputación de responsabilidad a las autoridades o funcionarios que permanezcan inactivos”.
Raúl Claramonte, portavoz de UPyD en la localidad, manifiesta que tanto la ley 6/2003 de ganadería de la Comunidad Valenciana y la Ley 8/2003 de Sanidad animal existen, entre otras cosas, para garantizar la salud pública y de los animales, así como su bienestar, algo que no pueden garantizar explotaciones que no cumplen su marco regulatorio. El Ayuntamiento no puede seguir parado habiendo pasado casi año y medio ya desde la primera denuncia ciudadana.
Por otro lado, son muchos los negocios que no pueden iniciar una actividad por su falta de licencia y existe un agravio comparativo con ellos si se permite a unos ejercer su actividad ilegalmente y a otros se les obliga a lidiar con una burocracia interminable. Creando este tipo de discriminaciones, el Ayuntamiento de Torrent viola flagrantemente los principios más básicos de la libre competencia.
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