Compromis califica de parche la rebaja del coeficiente del IBI

Compromís ha respondido la propuesta del PP, de pedir al catastro que aplique el coeficiente reductor de la disposición transitoria novena de la Ley del Catastro inmobiliario, calificándola de parche al no solucionar el problema de la valoración colectiva de los inmuebles, efectuada en 2007 a instancias del gobierno municipal socialista y en los precios más altos de la burbuja inmobiliaria.

Vicent Beguer, ha explicado que el 7 de noviembre de 2011, y a propuesta de una petición previa presentada por Compromís, El Pleno municipal aprobó por unanimidad pedir a la Gerencia del Catastro que iniciara una nueva valoración de los inmuebles de Torrent debido a las graves distorsiones que se estaban provocado en el mercado de la vivienda entre los valores legales y los valores reales de las transacciones inmobiliarias.

Tras esta resolución plenaria, Compromís ha solicitado reiteradamente, a lo largo de los meses, tener acceso al expediente de la petición, y a su contestación por parte de la Gerencia del Catastro o del Ministerio de Hacienda. A raíz de esta petición, el gobierno del PP nunca ha enseñado a los grupos de la oposición ni la petición cursada ni la hipotética respuesta, que desde el PP aseguran fue negativa por parte del órgano estatal correspondiente.

Sobre la actual propuesta del PP, de acogerse a la disposición transitoria de la Ley del Catastro Inmobiliario, Compromís ha explicado que es bienvenida pero no soluciona el problema de fondo de los valores de las viviendas de Torrent dado que solo se aplicará al año 2014, en virtud del coeficiente establecido para ese año y que para Torrent sería del 0'73, al ser una ponencia aprobada en 2007.

Compromís insta al gobierno municipal a que sea transparente y enseñe los papeles a la oposición, tanto la petición que el PP asegura fue cursada como la supuesta respuesta del Ministerio, y se reafirma en cuanto a que los actuales valores reales de las viviendas de Torrent deben ser revisados en su totalidad al estar fuera de la realidad del mercado inmobiliario, con el subsiguiente perjuicio tanto al recibo del IBI como a los impuestos liquidados por las transacciones inmobiliarias, que en muchos casos se liquidan injustamente al venderse las viviendas por debajo de su valor catastral.