Se retrasa de nuevo la reforma de la Administración Local

Las diferencias entre los ministerios de Sanidad y Educación ha retrasado una semana más la reforma de la Administración Local. El Consejo de Ministros ha aplazado de nuevo este viernes el informe sobre la reforma de la Administración Local que tenía previsto aprobar. Tras la ruptura de negociaciones entre PP y PSOE el gobierno de España anunció una reforma urgente de la Ley de Gobiernos Locales pero sigue sin tener claro cómo repartir las competencias entre comunidades autónomas y Ayuntamientos. De momento siguen abiertas las negociaciones con la Federación de Municipios y Provincias en la que alcaldes del PP se han mostrado en contra también de algunas de las reformas planteadas desde el ejecutivo nacional.

Entre los puntos a la espera de una decisión se encuentra el de las competencias que como el Ayuntamiento de Torrent ejerce en materia sanitaria y educativa, como por ejemplo el mantenimiento de los colegios. El objetivo es precisar qué asuntos competen a los ayuntamientos y cuáles a las comunidades autónomas para dejarlo establecido en la nueva ley ya que todas las competencias que estas quieran delegar a los municipios, deberán ir acompañadas de financiación suficiente.

Reforzar las Diputaciones y reducir sueldos

El Gobierno de España tiene la intenciçon de dar más fuerza a las Diputaciones provinciales, que pasarán a prestar los servicios de los Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. No sería el caso de Torrent, con 81.000 habitantes, pero si el caso de la Mancomunitat de L’Horta Sud, un organismo intermunicipal que tiene su sede en la calle Cervantes de Torrent su sede comarcal. La propuesta del borrador es que se disuelvan aquellos que no superen criterios de eficiencia.

Uno de los puntos principales de la reforma es la reforma de los sueldos de alcaldes y concejales, que podrían quedar regulados por decreto. De esta forma, el sueldo máximo no podría superar los 100.000 euros con complementos incluidos. En el caso de Torrent tampoco se superaría este tope en grandes ciudades, de forma que se equipararía al de un secretario de Estado. Tampoco está cerrado el número de concejales, una medida que podría beneficiar a los partidos mayoritarios. Se habla de una reducción entre el 15 y el 22%.