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Redacción
Jueves, 15 de Noviembre de 2012

Compromís pide la bonificación del 95% de plusvalía en caso de desahucios

LA LEY DE HACIENDAS LOCALES NO PERMITE LA EXENCIÓN TOTAL

Compromís ha presentado una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocida popularmente como la plusvalía. En esta propuesta se propone bonificar con un 95 por ciento la cuota del impuesto a aquellas personas afectadas por los procesos de ejecución hipotecaria forzosa, dado que la Ley de Haciendas Locales aprobada en 2004 por el gobierno del PP da el mismo tratamiento tanto a las transacciones onerosas como las lucrativas, sin distinguir si las primeras son ejecutadas forzosamente por resolución judicial. En este sentido Compromís per Torrent formuló, el 24 de noviembre de 2011, una consulta vinculante a la Subdirección General de Tributos del Estado y este órgano, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, contestó, en fecha de 27 de enero de 2012, que la Ley de Haciendas Local no "distingue entre transmisiones onerosas o lucrativas y que por lo tanto a los desahuciados también se les debe liquidar este impuesto municipal". Frente a esta postura del Ministerio, el grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal en la que se pide que se bonifique con un 95% la cuota del impuesto a las personas desahuciadas que no sean titulares de otras viviendas. Compromís hubiera deseado "la exención total de la cuota", pero la Ley de Haciendas Locales no permite esta situación, y pone como límite el 95% en la bonificación de este impuesto. El portavoz de Compromís, Vicent Beguer ha manifestado que tanto la administración estatal como las entidades locales tienen la responsabilidad de "velar por los intereses de las personas desahuciadas, cada uno desde sus competencias, y este impuesto es potestativo de los ayuntamientos". Finalmente Beguer ha recordado que "la actual Ley de Haciendas Locales entró en vigor el 5 de marzo de 2004, nueve días antes de las elecciones generales, y bajo el gobierno del PP, y que durante los siguientes 8 años de gobierno de Zapatero, el PSOE tampoco modificó ni una coma la redacción original aprobada por el PP. Lo que demuestra, en opinión del portavoz valencianista, el nulo interés que han tenido estos dos partidos sobre la problemática de los desahucios, que han abordado únicamente cuando se han visto obligados a raíz de la alarma social provocada por la desesperación de las personas y familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias".

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