Se prohibe el uso de la nueva Mezquita tras una denuncia de Nicolás Andreu

Los vecinos de la Asociación Nicolás Andreu han logrado impedir que se siga usando para el rezo la nave de 1.200 m2 alquilada en la calle San Ernesto desde hace un año por el colectivo musulmán de Torrent y donde quieren trasladar su Mezquita. El Ayuntamiento cerró el pasado viernes 26 de agosto el local tras comprobar la falta de los requisitos legales para su uso público tras la denuncia presentada por la asociación dos días antes. Según los vecinos, se habían realizado obras y trasladado a la nueva mezquita el pasado mes de junio coincidiendo con el mes del Ramadán rompiendo el Pacto del pasado 6 de octubre pasado para no trasladar la mezquita a ningún lugar hasta que todas las partes estuvieran de acuerdo. Ayer, tras la aparición en el diario Levante de la noticia de la paralización, se realizaba por la tarde una reunión de urgencia entre la alcaldesa de Torrent, María José Catalá; el presidente de la asociación de vecinos Nicolás Andreu, Vicente Laencina; el presidente del Centro Cultural Musulmán Zine El Abidine; y los concejales de Seguridad, Barrios y Urbanismo. Después de varias horas, se llegaba a un nuevo acuerdo entre las partes para mantener paralizada la situación hasta el próximo 13 de octubre, donde se presentaría alternativas o posibles soluciones. El presidente de la asociación de Vecinos Nicolás Andreu, Vicente Laencina, ha pedido una solución al conflicto, que según él pasa por buscar una ubicación fuera del barrio que permita que se recupere la "buena convivencia que siempre ha tenido este barrio". Laencina ha avanzado que van a seguir buscando apoyos para que la Mezquita salga del barrio. "Hemos recogido firmas en el barrio y ahora lo vamos a hacer por el resto de la ciudad. Ya lo he hemos hecho frente al Ayuntamiento, y vamos a seguir haciéndolo", ha dicho el presidente, que celebraba ayer una reunión de Junta Directiva. Por su parte, el respresentante del colectivo islámico, Zine El Abidine, no ha querido dar declaraciones a este periódico. "No tenemos que decir nada al respecto sobre este tema", ha señalado Zine, que ha evitado manifestarse en todo momento, tal y como reclamó la alcaldesa en la reunión a ambas partes para no encender más el conflicto. El conflicto por la mezquita viene de lejos, cuando en 2002 se instaló en el barrio el centro cultural. El pasado mes de septiembre del año pasado saltaron nuevamente voces de protesta de los vecinos al enterarse de que se iba a ampliar la mezquita en la calle San Ernesto en una nave de 1.200 m2, y que el centro cultural contaba con licencia emitida por la concejalía de Urbanismo. El colectivo musulmán había iniciado este traslado por la fuerte masificación en fiestas religiosas como el Ramadán o la fiesta del Cordero pero los vecinos temen que al ampliarse el templo el barrio acabe convirtiéndose en un gueto. En una tensa Asamblea Vecinal celebrada el pasado 1 de octubre, el concejal de urbanismo, Santi Martí, indicó que se había concedido licencia porque el proyecto cumplía con todos los requisitos legales y porque la Constitución Española garantiza la libertad religiosa. Finalmente, una mediación de la alcaldesa hizo que se llegara a un acuerdo por el que el centro islámico paralizaba voluntariamente la obra mientras se buscaba ubicaciones alternativas como una nave en la rotonda de la carretera de Picanya que finalmente fue desestimada. Después de un año, el conflicto ha vuelto a reporducirse.