Veiga: "Respetamos las decisiones judiciales, el PP no las respeta si no les son favorables"

Tras la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se falla a favor del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Torrent y se estima que no hubo discriminación por motivos políticos hacia un trabajador que fue trasladado de puesto de trabajo, como previamente había establecido el Juzgado de lo Social número 7 de Valencia, el Grupo Municipal Socialista manifiesta las siguientes consideraciones: 1.- Respetar y aceptar las decisiones judiciales, en este caso la emanada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que absuelve al Ayuntamiento de Torrent tras la sentencia del juzgado de lo Social nº 7 de Valencia que lo condenaba por vulnerar los derechos de un trabajador municipal y por discriminarlo por motivos políticos. La sentencia obligaba al consistorio a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros y ordenaba "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el gobierno del PP ganara las elecciones municipales. 2.- Lamentar que el gobierno municipal de María José Catalá no actúe de la misma manera. De hecho, la sentencia de 26 de febrero de 2010 del juzgado de lo Social nº 7 de Valencia obligaba al Ayuntamiento a indemnizar al trabajador y a reponerlo en su puesto de trabajo, y aunque era recurrible, debía ejecutarse de inmediato. Ante las reticencias del gobierno municipal, el 5 de julio pasado fueron dictados un Decreto y un Auto del Juzgado de lo Social en los que se requería la ejecución inmediata por parte del gobierno local. El Grupo Socialista respeta y acata las decisiones judiciales; el gobierno municipal del PP de Torrent no las respeta ni las acata si no les son favorables. 3.- Recordar que esta nueva sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por lo que estamos ante un caso que tiene previsiblemente un largo recorrido. 4.- Recordar que la sentencia de febrero de 2010 dirigía términos muy duros hacia el ayuntamiento de Torrent, términos que no se ha inventado el Grupo Socialista, sino que fueron afirmados por una representante del poder judicial basándose en evidencias y no en conjeturas. De hecho, la nueva sentencia del TSJCV hace alusión a que sí que es reprochable que se sustituyan las funciones de un empleado público por personal eventual de confianza. 5.- Lamentar el trato de favor que el gobierno municipal del PP de Torrent dio a otro funcionario despedido. Cuando se produjo el despido del exgerente de Nous Espais, el Ayuntamiento no recurrió la sentencia y pagó sin rechistar los 69.000 euros de la indemnización. Ese dinero salió de las arcas municipales. En este hecho se pone otra vez en evidencia que hay un trato discriminatorio: la alcaldesa pagó el despido de exgerente de Nous Espais porque éste era militante del PP, y ha recurrido una sentencia sobre el responsable de fiestas porque éste no es de su cuerda política. 6.- Lamentar también la manera tan burda con la que el gabinete de prensa del Ayuntamiento trata los asuntos judiciales: cuando se emitió la primera sentencia condenatoria, lo ocultó, lo mismo que cuando el juzgado obligaba a ejecutar la sentencia. Ahora lanza las campanas al vuelo cuando ni siquiera han dado conocimiento al conjunto del consistorio de la nueva resolución judicial. 7.- Lamentar también el trato denigratorio al que se quiere someter al trabajador afectado, lo que es un nuevo caso de discriminación política. Es vergonzoso que el gabinete de prensa del ayuntamiento se dirija en términos despectivos a un trabajador municipal que desarrolla su función con laboriosidad y eficacia y que fue felicitado en numerosas ocasiones por todos los estamentos sociales y festivos de la ciudad cuando desempeñó la función de coordinador de fiestas. 8.- Recordar que el trabajador depurado no militaba en el PSOE cuando accedió a trabajar al ayuntamiento ni cuando ocupó la función de coordinador de fiestas. El PSOE de Torrent no marginó a nadie por razones políticas. El PP de Torrent sí que ha marginado a trabajadores municipales y a colectivos sociales por razones ideológicas y políticas. 9.- Las afirmaciones sobre la neutralidad del gobierno municipal son totalmente vacías. El caso del trabajador depurado es sólo la punta del iceberg de la política de personal de la alcaldesa de Torrent. Desde la llegada del PP al gobierno local se han duplicado plazas con el único objetivo de apartar a profesionales cualificados porque ni la alcaldesa ni sus concejales se fían de los empleados públicos municipales, olvidándose de que un funcionario está obligado por ley a ser leal en los actos administrativos. 10.- La duplicidad de plazas afecta a los funcionarios del más alto nivel en el ayuntamiento, y cada año, el gobierno municipal se gasta más de 375.000 euros en estos altos cargos duplicados. No se han optimizado recursos económicos, sino que se han duplicado puestos de trabajo para apartar a profesionales cualificados que no militaban en ningún partido político. El ejemplo más claro es el del gerente de Nous Espais. Procedía de la administración autonómica del PP, lo trajo la alcaldesa como fichaje estrella y apartaron al anterior gerente, que no militaba en ningún partido. Pero luego tuvieron que despedir al nuevo porque a los pocos meses comenzó a protagonizar escándalos como la reclasificación de pisos protegidos. Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Veiga, “el Grupo Socialista respeta y acepta las decisiones judiciales; el gobierno municipal del PP de Torrent no las respeta ni las acata si no les son favorables”.