La justicia obliga al Ayuntamiento a admitir de forma inmediata al técnico de fiestas

Un Auto y un Decreto del juzgado de lo Social nº 7 de Valencia emitidos el pasado 5 de julio de 2010 obligan al Ayuntamiento de Torrent al “inmediato cumplimiento de la obligación impuesta en el fallo de la sentencia dictada por ese juzgado en fecha 26 de febrero de-2010” por vulnerar los derechos de un trabajador municipal y por discriminarlo por motivos políticos. La sentencia obligaba al consistorio a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros y ordenaba "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto de coordinador de fiestas que ocupaba antes de que el gobierno del PP ganara las elecciones municipales. Ahora, el Auto y el Decreto obligan a la ejecución inmediata, que aún no había sido realizada por el Ayuntamiento alegando que había presentado un recurso que se estaba tramitando. Contra el auto, “no cabe recurso alguno”. El Ayuntamiento de Torrent fue condenado en febrero de 2010 por suprimir el puesto de trabajo de un funcionario para designar a dedo a otra persona que ocupó su lugar "con ánimo de alejar al personal de ideología política distinta de la del actual equipo de gobierno", según la sentencia. El juzgado de lo Social número 7 de Valencia consideraba probado que se habían "vulnerado los derechos" del trabajador municipal que en 2009 denunció al gobierno de María José Catalá, por "discriminación política". También condenaba a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros y ordenaba "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el PP ganara las elecciones municipales. La sentencia fundamentaba que el 11 de enero de 2008, el denunciante "es desalojado del edificio del ayuntamiento" y el ayuntamiento "no reubica al actor, ni le da ocupación efectiva, sin justificación alguna". Luego, lo ubica en otro departamento “sin dotarle de funciones ni medios”, y le asigna una retribución inferior a la que percibía el personal municipal de su misma categoría. Sobre la supresión de la plaza de coordinador de fiestas para dejarlo sin ocupación y así poder trasladarlo, el fallo asegura que "carece de toda justificación objetiva”. Y sobre la sustitución del trabajador por una nueva persona ajena a la plantilla del ayuntamiento, el tribunal considera que “no existe ninguna justificación”. Además, la juez consideraba que con todo esto se produjo en el ayuntamiento “un aumento de personal y de los costes laborales”. El trabajador está afiliado a UGT, y fue miembro del comité de empresa y candidato en las listas de Esquerra Unida en 1999 y 2003. Es militante del PSPV-PSOE de Torrent desde 2007, después de que el PP accediera a la alcaldía de la ciudad. El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia El gobierno municipal del PP recurrió la sentencia, y no procedió a ejecutarla a pesar de que en la misma ya se le exhortaba a “reponer inmediatamente” en su puesto de trabajo y a indemnizar al funcionario. De hecho, el sindicato UGT presentó el pasado mes de junio una alegación a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2010, aprobados con un retraso de siete meses. En ella, el sindicato requería la creación del puesto de trabajo del funcionario depurado y la habilitación de una partida para hacer frente a la indemnización. Esta alegación fue desestimada por el gobierno municipal de Mª José Catalá, argumentando que la sentencia estaba recurrida. Para el portavoz municipal socialista, José Veiga, “no sólo estamos ante un caso claro de discriminación política, sino también ante un intento de burlarse de las leyes y de las resoluciones judiciales”. Veiga afirma que “María José Catalá quiere burlarse de las leyes y de las resoluciones de los jueces y ha convertido el ayuntamiento en un cortijo en el que se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores”. El portavoz socialista remarca: “Es una vergüenza que en Torrent pasen estas cosas: discriminar y degradar por razones políticas nos lleva a las tinieblas del franquismo, y desoír las sentencias judiciales nos sitúa al margen de la ley”. El funcionario discriminado trabaja en el Ayuntamiento de Torrent desde 1992, y se encargaba de coordinar todas las actividades festivas de la ciudad desde el año 2001. En esas fechas, era militante de Izquierda Unida, lo que lleva al portavoz socialista a afirmar: “El funcionario depurado militaba en un partido distinto al PSOE cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta; en ese periodo trabajaron en el Ayuntamiento funcionarios de todas las ideas: nosotros no marginamos a nadie por sus simpatías políticas; los hechos demuestran que el PP de Mª José Catalá sí que persigue y depura”.