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Redacción
Domingo, 04 de Julio de 2010
POLITICA

La Justicia podría decretar la suspensión cautelar de acuerdos en Calicanto

EL JUZGADO NÚMERO 5 LLAMA A DECLARAR EL 22 DE SEPTIEMBRE AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FASE DE CUMBRE

La justicia podría poner fin a los largos litigios entre los vecinos de Calicanto por el pago de seguridad privada y otros servicios en la zona de Fase de Cumbres de Calicanto. El presidente de la Asociación Civil Fase de Cumbres, Francisco López Hernández, ha sido llamado a declarar por el juzgado número 5 de Torrent el próximo 22 de septiembre de 2010, a las 11´30 horas. En dicha vista se podría decretar la suspensión cautelar de los acuerdos que se tomaron en la Junta de Propietarios del día 20 de febrero de 2010. Esta actuación se apoya ahora en nuevas sentencias al orden de la resolución de la delegación de gobierno que declaraba ilegal la seguridad privada en la zona por la cual se estaba obligando a pagar a vecinos de esta zona. Precisamente el pasado 21 de junio se tuvo una nueva resolución al recurso de apelación iniciado por un vecino que fue condenado a pagar cerca de 1.000 euros, y que la 11º audiencia provincial ha tumbado ahora. En los autos de este Juicio Verbal nº 410/2009, se condenó al vecino a pagar 966 euros mas los intereses desde la interposición de la demanda y las costas del presente procedimiento. En la apelación, se señala claramente que "la parte apelante presentó diversos escritos alegando la concurrencia de hechos de nueva noticia, concretamente referidos al a acuerdo de la Delegación de Gobierno sobre la vigilancia privada solicitada por la subcomunidad “Fase Cumbres” del tenor de que “ no concurren los requisitos exigidos por la legislación vigente”. De esta petición se dio traslado a la contraparte que si bien no negó ese acuerdo de la Delegación de Gobierno matizó su alcance en el sentido de que la autorización la tenían en cuanto integrantes de la Urbanización Cumbres de Calicanto, aportando el citado acuerdo de aquella. Finalmente tras varias deliberaciones, el juez determinó el pago de las costas al demandate y el rechazo de la demanda de monitorio de pago.

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