El PSOE acusa al PP de recurrir sentencias según el color político

El partido socialista ha denunciado el diferente trato a la hora de recurrir sentencias dependiendo si es simpatizante popular o socialitas. El portavoz municipal socialista, Pepe Veiga, ha criticado la discriminación que se ha tenido al recurrir la sentencia contra un funcionario militante socialista encargado de coordinación de fiestas que obliga al Ayuntamiento a pagar 10.000 euros y el pago sin recurso que se realizó "sin rechistar" al ex-gerente de Nous Espais destituido por el escándalo de viviendas de Parc Central. El juzgado de lo Social nº 7 de Valencia condenó el pasado 26 de febrero al Ayuntamiento por vulnerar los derechos de un trabajador municipal y por discriminarlo por motivos políticos. La sentencia obliga al consistorio a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros y ordena "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el gobierno del PP ganara las elecciones municipales. El abogado del Ayuntamiento ha anunciado ante el juzgado que la sentencia va a ser recurrida. Para el Grupo Socialista, este hecho es un caso más de discriminación hacia el trabajador afectado. El Ayuntamiento va a recurrir la sentencia porque el trabajador es militante socialista, "pero no recurrió otras sentencias cuando los afectados eran simpatizantes o militantes del PP", han señalado. Para Pepe Veiga, el ejemplo más directo es el diferente trato que se da a este trabajador y al exgerente de Nous Espais, José Fermín Doménech. En julio de 2009, el juzgado de lo social condenó a la empresa municipal de Urbanismo –presidida por la alcaldesa- a indemnizar al exgerente con 68.826,48 euros por despido improcedente. Nous Espais no recurrió la sentencia, por lo que fue firme y se pagó la cantidad íntegra al afectado. Doménech fue el fichaje estrella de la alcaldesa de Torrent para presidir Nous Espais, y fue despedido después de la recalificación y aumento de precios de 168 viviendas protegidas. Antes había sido gerente del IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda), puesto por allí por Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas y conseller de Solidaridad y Ciudadanía. Veiga ha sido claro: "La alcaldesa no quiso recurrir la sentencia de Doménech y pagó sin rechistar los 69.000 euros de indemnización. Ahora, sí que recurre la sentencia del juzgado de lo social que obliga al consistorio a indemnizar al trabajador discriminado por motivos políticos con 10.008,74 euros y ordena "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el gobierno del PP ganara las elecciones municipales". Simpatía política Para los socialsitas, la diferencia entre el exgerente de Nous Espais y el trabajador purgado por el gobierno de Torrent es que el primero ha estado siempre vinculado al PP y el segundo ha sido discriminado por su militancia política en otros partidos. No se entiende de otro modo que el ayuntamiento no recurriera una sentencia que le obligaba a pagar 69.000 euros y sí que recurra otra sentencia que le obliga a pagar 10.000 euros. El funcionario nuevamente discriminado trabaja en el Ayuntamiento de Torrent desde 1992, y se encargaba de coordinar todas las actividades festivas de la ciudad desde el año 2001. Cuando el PP accedió a la alcaldía, el trabajador fue trasladado a un puesto de menor rango y en él se le pagó menos que a otros de su nuevo nivel. Su plaza fue suprimida, pero luego la alcaldesa contrató a una asesora para hacer lo mismo. La jueza considera que además de la discriminación política, el Ayuntamiento aumentó sin justificación sus gastos de personal. De manera clara, la sentencia afirma que la "supuesta amortización de la plaza" perseguía "sacar al actor del puesto que venía ocupando con total dedicación y profesionalidad desde 2001, para adjudicárselo a una persona ajena al Ayuntamiento, de libre designación de la alcaldesa”, Maria José Català, “con ánimo de alejar al personal con ideología política distinta a la del actual equipo de gobierno". Para el Grupo Municipal Socialista, esta nueva actitud de Mª José Catalá es otra vez discriminatoria, y demuestra la arbitrariedad y la prepotencia de quien ahora gobierna en Torrent. El portavoz socialista, José Veiga, afirma que “esta nueva discriminación es una nueva demostración de arbitrariedad, de prepotencia y de falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras municipales”. Veiga recuerda que “aunque la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Valencia es recurrible, también es ejecutiva porque se trata de una clara vulneración de los derechos fundamentales”. El portavoz socialista exige a Catalá “que ejecute la sentencia de inmediato”.