PSOE pide el cese de la concejala de Personal por discriminación política

El Grupo Socialista ha exigido el cese inmediato de la concejala de Personal, Amparo Folgado, como responsable directa de acoso laboral por motivos políticos. Para el portavoz socialista, José Veiga “Torrent vuelve a ser noticia por un nuevo escándalo, en este caso de persecución política. La justicia ha dejado claro que la concejala de Personal ha vulnerado los derechos constitucionales de un trabajador y debe dimitir, por responsabilidad y por dignidad”. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Valencia por la que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar y reponer en su puesto al anterior coordinador de fiestas es recurrible, pero al tratarse de una clara vulneración de los derechos fundamentales, es ejecutiva, por lo que el Ayuntamiento deberá ejecutarla de inmediato. Para el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrent, esta sentencia es una demostración clara de que desde que accedió a la alcaldía de Torrent, el PP ha actuado de manera prepotente y arbitraria, sin respetar la profesionalidad de los trabajadores municipales, despreciando a las personas y el trabajo que realizan. No es el único caso de persecución política. El acoso laboral se ha producido sobre muchos trabajadores, en numerosos casos sin estar afiliados a ninguna organización política. La sentencia dictada el pasado el 26 de febrero falla que el trabajador fue trasladado a un puesto de menor rango y en él se le pagó menos que a otros de su nuevo nivel como conserje de la biblioteca Metro. Su plaza fue suprimida, pero luego la alcaldesa contrató a una asesora para hacer lo mismo antes de la reestructuración de puestos. La jueza considera que además de la discriminación política al ser militante primero de izquierda unida y luego socialista, el ayuntamiento aumentó sin justificación sus gastos de personal. La sentencia afirma que la "supuesta amortización de la plaza" perseguía "sacar al actor del puesto que venía ocupando con total dedicación y profesionalidad desde 2001, para adjudicárselo a una persona ajena al ayuntamiento, de libre designación de la alcaldesa”, Maria José Català, “con ánimo de alejar al personal con ideología política distinta a la del actual equipo de gobierno". El juzgado de lo Social nº 7 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Torrent por vulnerar los derechos de un trabajador municipal y por discriminarlo por motivos políticos. La sentencia obliga al consistorio a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros y ordena "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el gobierno del PP ganara las elecciones municipales. El funcionario discriminado trabaja en el Ayuntamiento de Torrent desde 1992, y se encargaba de coordinar todas las actividades festivas de la ciudad desde el año 2001. Tras la ocupación de la alcaldía por el PP, siguió desempeñando esa función, hasta que en noviembre de 2008 fue adscrito al puesto de conserje de instalaciones municipales. Previamente había sido desalojado de su despacho, y se le dejó durante 11 meses sin funciones nuevas a realizar. El cambio de función le ocasionó al trabajador un grave perjuicio laboral y económico. Incluso en su nuevo destino se le pagó menos de lo que se le pagaba a otros trabajadores municipales del mismo rango. El gobierno municipal amortizó la plaza de coordinación de fiestas, pero posteriormente contrató a una asesora de la alcaldesa para hacer ese trabajo. Militante de izquierdas El trabajador presentó una demanda por discriminación política, puesto que en noviembre de 2007, cuando ya el PP ocupaba la alcaldía, se había afiliado al PSPV-PSOE. Antes, había militado en Izquierda Unida, y formó parte de la candidatura de esta coalición en las elecciones municipales de 1995 y 1999. El trabajador está también afiliado al sindicato UGT desde 1992, y fue miembro del Comité de Empresa hasta 2006. En marzo de 2009 volvió a formar parte de dicho Comité. En su demanda, el funcionario argumentaba que tanto la amortización de su puesto de trabajo como coordinador de fiestas, como el desalojo del despacho que ocupaba, y su posterior asignación de un puesto de conserje en el edificio metro EMAT -con retribución inferior a la de sus compañeros- fueron actuaciones realizadas por motivos políticos, ya que militaba en IU hasta que, cinco meses después de las elecciones municipales de 2007, se afilió al PSPV-PSOE. Y ahora la jueza le ha dado la razón. La sentencia fundamenta que el 11 de enero de 2008, el denunciante "es desalojado del edificio del ayuntamiento" y el ayuntamiento "no reubica al actor, ni le da ocupación efectiva, sin justificación alguna". Luego, lo ubica en otro departamento “sin dotarle de funciones ni medios”, y le asigna una retribución inferior a la que percibía el personal municipal de su misma categoría. Sobre la supresión de la plaza de coordinador de fiestas para dejarlo sin ocupación y así poder trasladarlo, el fallo asegura que "carece de toda justificación objetiva”. Y sobre la sustitución del trabajador por una nueva persona ajena a la plantilla del ayuntamiento, el tribunal considera que “no existe ninguna justificación”. Además, la juez considera que con todo esto se produjo en el ayuntamiento “un aumento de personal y de los costes laborales”.