El Bloc pregunta a Fiscalía si Torrent ha informado de las infracciones en la cantera

El portavoz del BLOC en el Ayuntamiento de Torrent, Vicent Beguer, ha anunciado que su formación ha formulado un escrito ante la Fiscalia de Medio Ambiente de Valencia para conocer “si el Ayuntamiento ha puesto en su conocimiento infracciones urbanísticas que constan con informes técnicos que apuntan indicios de responsabilidad penal y delito ecológico”. En caso contrario el BLOC se muestra decidido “ha colaborar para informarle de expedientes que deben estar escondidos en algún cajón esperando a que prescriban los hechos denunciados y muchas veces corroborados por los técnicos. También porque como responsable público que he tenido conocimiento de algunos hechos tengo la obligación de poner en su conocimento estas infracciones. Si el gobierno de María José Catalá (PP) no lo quiere hacer es ya su responsabilidad”. El concejal del BLOC considera que “desde hace años, hemos tenido conocimiento de muchas denuncias formuladas por particulares e inspecciones municipales, con informes que confirman la ilegalidad de las actuaciones, que no se concretan en ninguna reparación de la legalidad. En concreto, conocemos la existencia de construcciones o transformaciones agrícolas que los técnicos consideran que están fuera de ordenación y algunas sobre suelo protegido que han quedado impunes porqué el responsable político no abre expediente de reparación de legalidad. Es un caso práctico que demuestra que las quejas del fiscal de Valencia Joaquín Baños son ciertas”. También ha remitido documentación sobre la explotación de la cantera de la Sierra Perenxisa, que es propiedad del Ayuntamiento de Torrent, que se encuentra sin contrato revisado desde diciembre de 2006. El grupo municipal del BLOC en Torrent informa que “en febrero de 2006, hace ya cuatro años, se firmo un convenio para autorizar un cambio de tirtularidad que obligaba a presentar un nuevo plan de restauración antes del 31 de diciembre de 2006 y sólo sabemos que se han producido multitud de prórrogas, más de seis, consentidas por socialistas y populares, con la promesa de cesar la actividad el 30 de junio de 2010. Pero el plan de restauración lo desconocemos así como la legalidad sobre las dimensiones de la explotación que se han excedido radicalmente desde hace años”. Beguer espera que “la fiscalia tenga más suerte que nosotros y reciba la documentación y las explicaciones que se nos niega a diario, la que no facilita la Conselleria de Indústria que no sabe si hay plan actualizado o los vecinos que denuncian infracciones urbanísticas. Que sea el fiscal el que califique si hay ilícitosy que actúe en consecuencia”.