PSOE y BLOC acusan a Martí del intento de subida precios de pisos de VPO

Casi tres meses después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia dictara la sentencia sobre el despido improcedente del exgerente de la sociedad municipal de urbanismo Nous Espais Torrent, la oposición municipal ha tenido acceso al texto de la misma. En él se recoge literalmente que el despido del exgerente fue improcedente, y que Nous Espais deberá pagarle 68.823,48 euros. También destaca la sentencia que “el juzgador entiende que de los hechos acaecidos y observados no es creíble que la actuación del actor (el exgerente) fuese incluso desconocida por parte del órgano de administración o al menos por el consejero delegado puesto que de las informaciones de prensa cabe apreciar la adopción de una postura por la empresa y el socio único, el Ayuntamiento de Torrent, de dar una explicación a la opinión pública basada en la plena legalidad de la actuación”. El juez interpreta en sus fundamentos jurídicos que el consejero delegado de Nous Espais y concejal urbanismo, Santiago Martí, conocía las actuaciones llevadas a cabo por el exgerente de la empresa, y que es poco creíble que no fueran conocidas por el Consejo de Administración, cuya presidenta es la alcaldesa de Torrent. El propio juez considera que los precios de los pisos protegidos fueron mantenidos al final gracias a las reivindicaciones de la oposición municipal: “Por parte de la mercantil demandada se adoptó la decisión de mantener los precios de la calificación provisional ante las solicitudes en tal respecto por parte de algunos grupos políticos, remitiendo carta en tal sentido a las adjudicatarias de la construcción”. El Grupo Municipal Socialista ya planteó en su día que era totalmente imposible que la alcaldesa y el concejal de urbanismo no supieran lo que hacía el gerente. “Hubo un claro intento de estafa y ahora queda claro que la responsabilidad es de los tres, y no sólo del exgerente”. Con esta afirmación, el Grupo Socialista alude al cambio de calificación de 36 pisos protegidos y al aumento de sus precios en un 28%, lo que suponía varios miles de euros más por cada piso; también se refiere a la subida de precios de otros 132 pisos porque les quisieron cambiar el valor del metro cuadrado. Cuando esto se produjo, hubo un gran escándalo, y aunque en un primer momento la alcaldesa y el concejal de urbanismo acusaron a la oposición de mentir y trataron de justificar la medida, posteriormente rectificaron y anunciaron que los pisos no subirían de precio, a la vez que acusaban al exgerente del cambio y lo despedían. La alcaldesa declaró públicamente que el portavoz socialista mentía cuando denunció la subida de precios de los pisos, e incluso llegó a amenazar con que “se iba a tragar” todo lo que había dicho. Al final, el consejo de Administración modificó el cambio de precios y mantuvo los precios iniciales, y acordó despedir al gerente, con la abstención de los grupos de la oposición municipal. Tanto alcaldesa como concejal aludieron entonces a que la responsabilidad única de los hechos fue del exgerente, cosa que ahora ha contradicho el juez. El Grupo Socialista denuncia el oscurantismo y la ocultación de documentación durante varios meses. Hace unos días denunció también que el concejal de Urbanismo retuvo en su despacho cartas del exgerente dirigidas a los portavoces de la oposición. Asimismo, denuncia que la sentencia ya es firme, y que no ha sido recurrida por la alcaldesa ni por el concejal de Urbanismo. De hecho, el exgerente ya ha cobrado la indemnización por el despido improcedente. Para el portavoz municipal socialista, José Veiga, “si la alcaldesa y el concejal de Urbanismo han aceptado la sentencia, aceptan todo lo que se dice en ella, y lo que se dice es muy grave, puesto que el juez deja bien claro que tanto una como el otro conocían todo lo que estaba pasando, y son por lo tanto tan responsables como el gerente al que ellos despidieron”. José Veiga exige que se acabe ya con este escándalo y que de una vez por todas la alcaldesa y el concejal de urbanismo den la cara y expliquen a los jóvenes y a todos los vecinos la verdad, y que asuman sus responsabilidades por los hechos. José Fermín Doménech fue cesado en marzo por el Consejo de Administración de Nous Espais tras diferentes polémicas sobre la gestión urbanística del consistorio presidido por Mª José Catalá. Entre los escándalos conocidos, destacan la recalificación y aumento de precios de 36 viviendas protegidas de régimen general en los edificios M-7 y M-20 de Parc Central y el intento de aumentar el precio del metro cuadrado de otros 132 pisos VPO de esos edificios; también estalló la polémica por la adjudicación de un proyecto para construir pisos de alquiler a una empresa prácticamente inactiva de venta al por menor de material eléctrico. Otro caso controvertido fue denunciado por los vecinos del Barrio Xenillet residentes en una finca declarada en ruina y afectados por un posible realojo, que protestaron por el trato despectivo recibido.