La Comisión del Caso Uniformes acumula un retraso de 4 meses sin conclusiones
El PP de Torrent se plantea denunciar la situación al Sindic de Greuges si no hay un dictamen a finales de este mes. Nacho Carratalá denuncia también que siguen sin tener las actas transcritas de las 60 horas de grabaciones de las comisiones, a pesar de que tanto PP como Compromís y Ciudadanos lo pidieron en mayo por registro de entrada.
Un año después de que se destapara el caso, y siete meses después de que comenzara la primera de las comparecencias de la comisión de investigación sobre el Caso Uniformes, aún no hay conclusiones. El PP ha levantado la voz para denunciar lo que consideran un intento de eludir responsabilidades políticas por parte del PSOE. El concejal del PP, Nacho Carratalá, ha denunciado que la comisión pacto como órgano regulador, que la comisión no excediera de los cuatro meses, pero cuatro meses después de este plazo, sigue sin haber acuerdo.
Antes del verano, tras la última de las comisiones, Jesús Ros propuso en un documento elaborado por los socialistas una salida sin responsables políticos y solo con responsabilidades técnicas que debería de dirimir el área de Personal, delegación que gestiona precisamente el concejal de Seguridad Ciudadana, Jose Antonio Castillejo. Tanto PP como Compromís y Ciudadanos se negaron a pactar esa salida mientras no hubieran actas transcritas.
El PP se plantea ir al Sindic de Greuges
“La semana pasada Jesús Ros nos dijo que lo veríamos esta semana, y también ha pasado”, ha señalado Carratalá que también exige que se entreguen ya las actas de las reuniones de las más de 60 horas de grabaciones. “Si en el plazo de dos semanas, antes de que acabe el mes, no se resuelve esta paralización, nos plantearemos ir al Sindic de Greuges para pedir amparo”.
La comisión investigó la adjudicación y compra de los uniformes de la Policía Local de Torrent con un coste de 205.000 euros. Finalmente, tras la comisión, y con el caso en los juzgados, el gobierno municipal anunció en mitad de las fiestas patronales rescindir de mutuo acuerdo el contrato con la empresa adjudicataria. En ese momento, Ros aseguró que la ruptura del contrato no le iba a costar un euro.
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