Generalitat echa marcha atrás en la cesión de suelo público para los CIS

El pleno del Consell ha dejado sin efecto la autorización de la Conselleria de Educación para la construcción y gestión de colegios privados concertados en terreno público en la Comunitat Valenciana puesta en marcha por el PP hace dos años. La decisión pone fin a la iniciativa de la anterior Conselleria de Educación para la construcción de Centros de Iniciativa Social (CIS), un modelo de construcción de centros educativos en los que el suelo público se ponía a disposición de empresas para que construyeran colegios privados a cambio de una concesión de 75 años, iniciativa a la que se sumó en su momento Torrent en mayo de 2013.

Según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo valenciano, esta medida se inscribe en “la apuesta decidida del Consell por la enseñanza pública“, ya que “revierte la situación anterior en la que se ponían recursos de todos los valencianos al servicio del sector privado”. La medida coincide con la próxima presentación en el pleno municipal de septiembre de una moción del colectivo Escola Valenciana en defensa de la escuela pública

Según Oltra, “ninguno de los Centros de Iniciativa Social promovidos por el anterior gobierno en Torrent, Elx, Calp, la Vall d’Uixó, Santa Pola, Valencia o Alicante se ha construido”. En el caso de los centros de Elx y Calp, las licitaciones se declararon desiertas y el resto de centros no llegaron a licitarse o no vieron culminado el proceso de cesión de suelo. “Estas autorizaciones han sido un fracaso en sí mismas, no se ha podido llevar a término ninguna de ellas, y los centros públicos dan suficiente respuesta a la demanda y quedan vacantes”, ha concluido Oltra.

En el caso de Torrent, el Ayuntamiento de Torrent planteó la cesión de terreno para la construcción de un Centro de Iniciativa Social concertado en el sector 10 del PGOU. El proyecto de construcción del CIS que finalmente no se ha licitado debía valorar diferentes aspectos como la construcción llevada a cabo por empresas y personal de Torrent, así como el coste de la obra que deberá ser asumido en su totalidad por los adjudicatarios.

División sobre los CIS

En el Consell Escolar Municipal de 2013 se acordó la elaboración de un informe que refleje las necesidades de escolarización del municipio. El consistorio pretendía contestar a las alegaciones de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, PSPV, Compromís i STEPV, enfrentamiento que se puso de relieve en el Consell Escolar Municipal. La entonces alcaldesa de Torrent envío de una carta explicativa a todos los ciudadanos que firmaron un escrito dirigido a alcaldía en contra de la cesión del terreno, y en contra de una iniciativa que Amparo Folgado consideraba que iba a ser un “fuerte motor económico para el municipio, ya que para su construcción se contratarán empresas de la ciudad, así como vecinos del municipio’’ y aseguraba una educación plural en Torrent.