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Lunes, 19 de Enero de 2015
POLÍTICA

Folgado adelanta su declaración en la denuncia de la concesionaria Gaia

El juez ha imputado a la junta de gobierno tras tratar de rescindir la contrata de la piscina por no pagar el canon anual de 2013

Amparo Folgado y varios de los concejales del equipo de gobierno adelantaron su declaración en el caso Gaia al pasado viernes. La alcaldesa de Torrent, que había pedido declarar antes por motivos de agenda, salió del juzgado “tranquila” y confiada en que la justicia dará la razón al Ayuntamiento. La alcaldesa, que ha defendido siempre que se actuó en favor de los intereses de los torrentinos, mientras que la empresa ha acusado al equipo de gobierno de coacciones.

 

A primera hora, la primera edil, acompañada de Jorge Planells, concejal de Hacienda, y Pilar Vilanova, edil de Bienestar Social que forma también de la Junta de Gobierno, se presentaron en el juzgado número 1 de Torrent en calidad de imputados por prevaricación administrativa tras la denuncia de la concesionaria de las instalaciones de Parc cEmntral. Gaia acudió al juzgado cuando el gobierno local inició el proceso para rescindirle el contrato de adjucación del servicio tras no pagar el canon anual de 2013.

 

La alcaldesa de Torrent, que ha atendido las llamadas de los medios tras su declaración, se ha mostrado confiada en una resolución justa, pero no ha querido hacer declaraciones sobre el contenido de su declaración. En rueda de prensa la alcaldesa de la ciudad afirmó que actuó para defender los intereses de los torrentinos con el objeto de reclamar los 240.000 euros del pago del canon anual que establece el contrato de adjudicación.

 

Uno de los momentos más tensos se vivió en enero de 2014 cuando los cinco clubes que hacen uso gratuito de las instalaciones se encontraron con que se les prohibía la entrada y se les instaba a pagar a partir de ese momento. La empresa defendió su actuación en  que se ha superado en mucho el porcentaje que se pactó. Ahora los clubes tienen que pagar por utilizar Parc Central y el consistorio les reembolsa el dinero. Tras la denuncia el procedimiento para rescindir el contrato se encuentra paralizado.

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