3.000 familias torrentinas estarían afectadas por la supresión de ayudas a VPO

Torrent es la quinta ciudad más afectada de la Comunitat Valenciana por los impagos del Consell y la supresión de las ayudas a la subsidiación de los préstamos protegidos VPO realizada de forma retroactiva por el Gobierno de Rajoy. Desde la Plataforma de Afectados por la Ayudas a la Vivienda señalan al nuevo barrio de Parc Central como una de las zonas más afectadas ya que la construcción y venta de estas viviendas coincide con el periodo de impagos y supresión de ayudas.

Los torrentinos que compraron sus viviendas durante la burbuja inmobiliaria de mediados de la pasada década adquirieron sus viviendas convencidos de que recibirían sus ayudas. Según la plataforma, muchas ayudas fueron adelantadas por los promotores, que ahora, "al ver que el Consell no paga, se las reclaman a los afectados". Los afectados compraron sus viviendas a precios de burbuja, y hoy se encuentran por los suelos. Como sus viviendas son protegidas VPO, no pueden vender ni alquilar, hasta pasados 10 años. La mayoría de los propietarios de estas viviendas no han percibido la ayuda prometida de la Generalitat (cheque-vivienda) que ronda los 10.000 euros de media. 

Por otra parte, la plataforma denuncia que el Gobierno de Rajoy aprobó "de extranjis" en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 (que iba sobre otro asunto: el alquiler) la supresión de las ayudas a la subsidiación en el momento de prorrogarlas. "Esto supone un ataque a nuestros derechos pues la prórroga sólo era para el recálculo de las cuantías de acuerdo a la situación económica del beneficiario, pero no puede servir para denegarlas arbitrariamente", denuncian desde este colectivo.

Impagos de ayudas a la vivienda del Consell
Los impagos del Consell en ayudas a la vivienda afectarían a unos 3.000 torrentinos, según estimaciones de los afectados. El impacto económico sobre las pertrechas economías de los torrentinos podría encontrarse en torno a unos 30 millones de euros, también según estimaciones de la Plataforma a partir de datos globales oficiales de impagos en la Comunidad Valenciana.

A los compradores de vivienda nueva y usada, habría que añadir los impagos de rehabilitación (fachadas, ascensor comunitario, rampas de acceso, etc.) y alquiler. Muchos torrentinos se preguntan por qué aún no han recibido estas ayudas que tienen concedidas. Estos impagos acumulan 5 años de retrasos y la deuda total en la Comunidad Valenciana asciende a 250 millones, datos validados por el Síndic de Comptes el pasado 20 de diciembre. Las resoluciones de concesión de ayudas están guardadas en los cajones de Conselleria, sin estar reflejadas en la contabilidad.

El pasado 20 de diciembre, el informe de la Sindicatura desveló que en 2012 Conselleria no pago nada, pese a tener presupuestados más de 30 millones. El Síndic ha instado a la Conselleria a tramitar de una vez estas ayudas. "La Consellera Bonig se escuda en que se pagarán cuando haya crédito presupuestario pero, a la hora de diseñar los presupuestos de 2014, sólo ha reservado en líneas nominativas un 0,06% de la deuda total y sólo para resolver anticipos que los bancos ofrecieron a los afectados", han señalado.

Estafa de VPO por la retroactividad
Según datos de octubre de 2013, proporcionados en pregunta parlamentaria en Les Corts, ofrecidos por la Conselleria de Infraestructuras, que tramita estas ayudas, el número de familias torrentinas afectadas rondaría los 1.624 (626 ya denegadas, 61 en tramitación que se denegarán de acuerdo a la Ley 4/2013 y otros 937 a los que se les denegará cuando presenten la prórroga).

"Estimamos que el impacto económico de esta supresión sobre los hogares torrentinos es de unos 10 millones de euros. Las cantidades medias oscilan entre 50 y 200 euros al mes, durante 5 años prorrogables a otros 5 años; el momento en que deniegan las solicitudes", calculan los afectados.

Las ayudas a la subsidiación es esa cantidad que te descuentan en cada mensualidad y que te ayuda a pagar los intereses de tu hipoteca VPO mes a mes, habiendo cumplido unas condiciones económicas determinadas en la ley. Esa ayuda corresponde por derecho. Así fue reconocido en el momento de compra de la vivienda. Ahora el Gobierno de Rajoy ha suprimido este derecho a cobrarla y lo ha hecho de forma retroactiva, sobre un derecho concedido. Cuando el afectado solicite la prórroga durante el quinto año, la denegarán. Y tendrás que seguir pagando entre 90 y 300€ más al mes (en casos, hasta 400€).

Estas ayudas de subsidiación habían sido suprimidas por el gobierno de Rajoy a través de dos disposiciones: el art. 35 del RDL 20/2012 y la Disp. Adic. Segunda de la Ley 4/2013. La Defensora del Pueblo y los tribunales han deslegitimado la interpretación ministerial que hacía de la primera disposición. La segunda ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el Grupo Socialista, admitida a trámite el pasado 8 de octubre.