El consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de la Administración Local

Sin el consenso de los dos partidos mayoritarios, tras varios meses de negociaciones y aplazamientos, el gobierno de España ha anunciado tras el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La medida, criticada desde la Federación de Municipios y Provincias, acota las competencias de los Ayuntamientos que no sigan las medidas de austeridad a favor de las diputaciones provinciales y deja en el aire las mancomunidades. Por otra parte, el sueldo de alcaldes y concejales quedará referenciado al del secretario de estado menos un porcentaje dependiendo de la población residente. También se establecen límites retributivos para los gerentes de entidades locales, limita al 0,7% el personal eventual y pone tope al número de cargos públicos con dedicación exclusiva. Tampoco podrán crearse entidades de ámbito inferior al municipio con personalidad jurídica propia.

Según ha informado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el Gobierno tendrá la potestad de quitar competencias a los Ayuntamientos que no cumplan con las medidas de austeridad. Cuando las liquidaciones sean negativas o el nivel de endeudamiento sobrepase los límites establecidos, los hombres de negro del ministerio de Hacienda podría intervenirlos. Tras un informe del interventor, el ejecutivo central podría suprimir competencias no obligatorias o perder la capacidad de contratación pasando a ser meramente unos gestores indirectos de servicios como urbanismo, basuras, vías y obras, deporte, o cultura entre otras

La reforma presentada por Montoro supondrá la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que fue aprobada hace 28 años y ha sido modificada en reiteradas ocasiones. La Ley de Haciendas Locales también sufrirá variaciones una vez se apruebe el texto definitivo que deberá aprobarse en el Parlamento.

En contra de la reforma

Desde el partido socialista, han opuesto a esta reforma porque consideran que supone la privatización de los ayuntamientos y va a suponer una reducción de la calidad de los servicios a los ciudadanos. "Llegará un momento que no sabrán quién les va a solucionar las cosas, si desde diputación, desde la autonomía. Los ayuntamientos se van ver reducidos a meros observadores sin capacidad de reacción, perdiendo toda autonomía y por lo tanto, casi todo capacidad de respuesta", ha señalado su portavoz municipal, Andrés Campos.

Los socialistas llaman a un debate de racionalización del gasto, "pero sin demagogia; en el que se traten los puntos que de verdad pueden aliviar las cuentas públicas. En la racionalización y control del gasto estamos de acuerdo, pero desde un debate serio y no como cortina de humo", señalan y advierten de que esta reforma privatizará ayuntamientos, reducirá los controles de fiscalización de la oposición, provocará más de 200.000 parados, reducirá la pluralidad parlamentaria y atacará a los partidos minoritarios. "Tenemos que conocer con mayor detalle la propuesta, pero si es tal como nos han anunciado, no soluciona nada", ha recalcado Campos.

Compromis por Torrent valora esta reforma como "una perversión" de la representación popular en favor de las Diputaciones, entidades gobernadas por los únicos políticos que no son elegidos directamente por los electores. "Se trata de quitar competencias a la primera línea de defensa de los ciudadanos para darselas a un órgano predemocrático creado al siglo XIX, que en muchos casos ha sido el refugio de Fabras, Baltares y Ripolleses", han augurado en un comunicado. Según los eco-valencianistas "Se abre la puerta a qué estos personajes controlan los servicios municipales; esto supondrá en un plazo mediano el aumento del coste para los ciudadanos, todo justificándose en una falsa eficiencia económica". También han señalado que con esta reforma el gobierno pretende ahorrar 7.129 millones, cuando suprimir las diputaciones supondría un ahorro de más de 20.000 millones. y sólo en Bankia el gobierno ha invertido 23.500 millones de euros. Otra punto que critican es la insolidaridad del centralismo del Estado respeto los pequeños y medianos ayuntamientos: "Sólo el de Madrid acumula el 22'5% de la deuda de todos los Ayuntamientos, un monstruo alimentado por el actual ministro Alberto Ruiz Gallardón".

Desde la formación UPyD, el portavoz del Consejo Local, Raúl Claramonte, ha valorado positivamente la limitación de sueldos. Desde el partido magenta optan por la fusión de Ayuntamientos hasta mínimos de 20.000 habitantes lo que permitiría eliminar administraciones duplicadas.  "De los 8.112 Ayuntamientos que hay en España, 7.727 tienen menos de 20.000 habitantes y disponen de 62.158 concejales. Si estos Ayuntamientos se fusionaran en 1.000 de más de 20.000 habitantes, nos ahorraríamos todos los años 16.142 millones de euros, y pasarían a tener unos 17.000 concejales en total. A este ahorro habría que añadir el que supondría la eliminación de las Diputaciones puesto que no serían necesarias por no existir Ayuntamientos pequeños", han señalado.