Comienza oficialmente la precampaña con la convocatoria de elecciones

La cuenta atrás de las elecciones municipales y autonómicas ha comenzado. El presidente autonómico valenciano, Francisco Camps, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes autonómicas y la convocatoria de elecciones para el próximo día 22 de mayo. El pistoletazo de salida sin embargo se dio no oficialmente desde hace meses. Muchos partidos comenzaron actos electorales y propaganda desde finales del año pasado, y algunos han apurado y sobrepasado los límites. Esta mañana y esta tarde aún quedaban colgadas pancartas del PP o el BLOC que no están permitidas con la nueva ley electoral. Hasta las 0,00 horas del día 6 de mayo no se permitirá la publicidad en medios de comunicación y en las calles. La nueva legislación prohíbe la publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales, inserciones de prensa, radio u otros medios digitales, sin que se puedan justificar esas acciones como actividad ordinaria de la acción política. Además, se anula la contratación de espacios publicidad electoral en medios privados. La campaña electoral, que durara quince días finalizará a las 24 horas del día 20 de mayo. Hasta este pasado lunes la agenda política se ha llenado de inauguraciones, sorteos, exposiciones y visitas del gobierno municipal popular de María José Catalá e incluso del candidato de la oposición, Andrés Campos, que visitó las obras del PlanE acompañado de Alarte. El domingo por la noche los repartidores se afanaban por repartir los folletos y revistas de propaganda política de populares y socialistas, que han sido los partidos más activos. Las prisas no eran para menos. La nueva normativa electoral, ratificada por el Senado y ya vigente para los comicios del próximo 22-M, prohibirá el "autobombo". La modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) anula hasta la jornada de votación de cualquier acto organizado y financiado por instituciones públicas que contenga alusiones a realizaciones o logros obtenidos. También se veta la celebración de cualquier acto de inauguración obras, servicios públicos o proyectos, aunque pudieran entrar en servicio durante ese periodo. Con esta modificación legal se agiliza el trabajo de las juntas electorales, colapsadas durante los comicios por las reclamaciones de la oposición sobre la legalidad de la propaganda y la actividad institucional en la carrera hacia las urnas.