Condenan al Ayuntamiento a reponer a un funcionario degradado por motivos políticos

El Ayuntamiento de Torrent deberá reponer a funcionario encargado de coordinación de fiestas. Según ha informado el diario Levante, una sentencia dictada el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo social número 7 de Valencia obliga al consistorio a devolver el dinero no cobrado por su posterior asignación, con retribución inferior, a la biblioteca metro. El funcionario, que desempeñaba este cargo desde hacía 8 años, denunció que tras la victoria del PP fue desalojado del despacho que ocupaba en enero de 2008 "por motivos políticos" . En esos momentos era militante de Izquierda Unida. Cinco meses depués de las elecciones, se afilió al PSPV-PSOE, según relata este periódico. Después de dos años de espera, a sentencia dictada da la razón al funcionario. Según el juzgado de lo social número 7 de Valencia el Ayuntamiento de Torrent "ha vulnerado el derecho de un funcionario a no ser discriminado por su ideología". A pesar de que se señalaba que el cambio se producía al reincorporarse la trabajadora de baja titular del despacho, la sentencia deja claro que "no reubica al actor, ni le da ocupación efectiva, sin justificación alguna". Además, apunta que hasta verano de 2008 no era efectiva la reestructuración de la plantilla del Ayuntamiento por lo que la decisión municipal "carece de toda justificación objetiva. Para el juez, "Debe concluirse que la actuación realizada constituye una discriminación laboral por motivos políticos, al no justificar la entidad demandada la necesidad y utilidad de la desocupación del actor". La situación también se ha complicado ya que paralelamente, se creó dentro del gabinete de alcaldía una plaza de personal de confianza para coordinación de fiestas. Por ello, la sentencia también aclara que no existe justificación para amortizar esa plaza. La sentecia obliga a reponer a la persona en su plaza y a la reposición por daños y perjuicios por menor retribución en su nuevo puesto por valor de 10.008,74 euros". 
El funcionario reclamaba el cobro de 25.954,83 euros porque estuvo ocho meses de baja. pero el juez asegura en el fallo que "no puede concluirse que esta baja sea consecuencia de la actuación discriminatoria del ayuntamiento".