Veiga pide que se cree una comisión en Les Corts para mejorar la financiación municipal

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrent ha presentado una moción con el objetivo de aportar alternativas que permitan en el futuro atender las necesidades de nuestra Comunidad, instando para ello a la Generalitat a la creación en Las Cortes de una comisión no permanente especial de estudio de la financiación de la Comunitat Valenciana. Los socialistas de Torrent también solicitan al Gobierno de la Generalitat la creación de una Agencia Tributaria valenciana para una mayor gestión de los tributos propios y el establecimiento de planes conjuntos con el Estado para una mejor gestión de los ingresos cedidos a la Comunitat. Por último, el Partido Socialista pide la creación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, que debe estar dotado con suficiente presupuesto con el fin de mejorar la financiación de los servicios que prestan los Ayuntamientos. La financiación autonómica que se aplica en España se rige por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Esta ley, propuesta y aprobada por el Gobierno del Partido Popular, a partir del documento conocido como “modelo Zaplana”, nació con una notable falta de previsión que ha perjudicado notablemente a la Comunidad Valenciana. Para la implantación de la financiación autonómica se tomó 1999 como año base, y no se incorporó ninguna cláusula que obligara a actualizar datos, como los incrementos de la población. Además, se incorporó la sanidad al sistema general de financiación, a diferencia de los anteriores, en los que se calculaba por separado. Sin embargo, con la llegada al Gobierno de España del Partido Socialista se comenzó por primera vez a abordar los problemas generados por la falta de actuación del gobierno del PP. El gobierno socialista, tras la II Conferencia de Presidentes, transfirió a la Generalitat (la más beneficiada de la financiación complementaria) una aportación extraordinaria, para 2007, de 1.096 millones de euros adicionales. El Gobierno socialista aplicó entonces aportaciones complementarias a la financiación sanitaria para corregir los efectos negativos generados por el sistema de financiación. Y a pesar de ello, por la mala gestión del PP, la valenciana sigue siendo la última comunidad en indicadores de calidad sanitarios. (como el número de camas por habitante, etc.). Este sistema de financiación ha sido malo para nuestra Comunidad desde su implantación en 2002. En aquellos años de gobierno del PP, la Generalitat no protestó por la discriminación del Gobierno central a todos los valencianos. Por estos motivos, los socialistas demandan una revisión del modelo de financiación que garantice el nivel de educación, sanidad y servicios sociales para toda España; que asegure la suficiencia del sistema, la equidad y la nivelación, de forma que todas las CCAA puedan prestar los servicios sociales esenciales del Estado del bienestar a unos niveles similares, siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar; que, además del número de habitantes, se deban tener en cuenta otros factores que determinen los costes efectivos de los servicios, y que el nuevo modelo sea válido a largo plazo, para lo cual debe prever mecanismos de actualización periódica. Otra de las aportaciones para subsanar las desigualdades entre CCAA es el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya principal beneficiaria en 2008 es la Comunidad Valenciana, con un importe de casi 117 millones de euros: un incremento del 21,9% respecto a 2007, con el que el Gobierno socialista ha primado a la Comunitat, a fin de saldar el déficit de inversiones en que nos sumió el Gobierno Aznar. El Consell solicita ahora un nuevo sistema de financiación autonómica, sin presentar ninguna propuesta concreta ni ningún estudio de necesidades. Esto únicamente es una nueva forma de enmascarar la falta de programa de gobierno y sus deficiencias en la defensa de los derechos de los valencianos. El PP solicita al Gobierno que destine 500 millones de euros extra para financiar los servicios educativos, sanitarios y de bienestar social que presta la Generalitat, pero habría que preguntarse en qué se basan para solicitar 500 millones y no otra cantidad. No hay previsión objetiva por parte del PP en financiación sino que se trata de una campaña más de confrontación y desprestigio al Gobierno de España con el único fin partidista de siempre. Para el portavoz socialista, José Veiga, “el Gobierno autonómico valenciano se caracteriza por descuidar los servicios públicos esenciales y por buscar siempre la confrontación con el Gobierno de España”.