PSPV y BLOC piden la dimisión del concejal de Urbanismo

El Grupo Municipal Socialista y el Bloc-els Verds-Plataforma per l’Hospital han pedido la inmediata dimisión del concejal de Urbanismo por los escándalos protagonizados por la empresa municipal Nous Espais, de la que además es consejero delegado y gerente en funciones. Los grupos de la oposición municipal exigen que la alcaldesa, y presidenta de Nous Espais, aclare su responsabilidad en los escándalos, y que "no pase un día más sin que los jóvenes afectados por el cambio de precios de viviendas y todos los vecinos sepan la verdad sobre todo lo sucedido". Per la seua banda, la alcaldesa de Torrent ha assenyalat abans de la roda de prensa de la oposició que no ha pensat destituir a Santi Martí, ni ell ha pensat en dimitir perque "el que va passar es va fer a esquenes de ells". Catalá també ha comentat que la destitució de Domenech es va fer perque havien perdut la confiança en el gestor de Nous Espais. PSPV y Bloc piden responsabilidades tras conocer la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia, que declaró improcedente el despido del exgerente de la sociedad municipal de urbanismo Nous Espais, y condenó a pagarle una indemnización de 68.823,48 euros. La sentencia explica que “el juzgador entiende que de los hechos acaecidos y observados no es creíble que la actuación del exgerente fuese incluso desconocida por parte del órgano de administración o al menos por el consejero delegado puesto que de las informaciones de prensa cabe apreciar la adopción de una postura por la empresa y el socio único, el Ayuntamiento de Torrent, de dar una explicación a la opinión pública basada en la plena legalidad de la actuación”. Según PSPV y BLOC, el juez interpreta que el consejero delegado de Nous Espais y concejal de urbanismo, Santiago Martí, conocía las actuaciones llevadas a cabo por el exgerente de la empresa, y que es poco creíble que no fueran conocidas por el Consejo de Administración, cuya presidenta es la alcaldesa Mª José Català. El propio juez considera que los precios de los pisos protegidos fueron mantenidos al final gracias a las reivindicaciones de la oposición municipal: “Por parte de la mercantil demandada se adoptó la decisión de mantener los precios de la calificación provisional ante las solicitudes en tal respecto por parte de algunos grupos políticos, remitiendo carta en tal sentido a las adjudicatarias de la construcción”. PSPV y Bloc ya plantearon en su día que era imposible que la alcaldesa y el concejal de urbanismo no supieran lo que hacía el gerente: “Hubo un claro intento de estafa y ahora queda claro que la responsabilidad es de los dos, y no del exgerente”. Con esta afirmación, se alude al cambio de calificación de 36 pisos protegidos y al aumento de sus precios en un 28%, lo que suponía varios miles de euros más por cada piso; también se refiere a la subida de precios de otros 132 pisos porque les quisieron cambiar el valor del metro cuadrado. Cuando esto se produjo, hubo un gran escándalo, y aunque en un primer momento la alcaldesa y el concejal de urbanismo acusaron a la oposición de mentir y trataron de justificar la medida, posteriormente rectificaron y anunciaron que los pisos no subirían de precio, a la vez que acusaban al exgerente del cambio y lo despedían. Català acusó a la oposición de mentir La alcaldesa declaró públicamente que la oposición “mentía” cuando denunció la subida de precios de los pisos, e incluso llegó a amenazar al portavoz socialista con que “se iba a tragar” todo lo que había dicho. Finalmente, el consejo de Administración modificó el cambio de precios y mantuvo los precios iniciales, y acordó despedir al gerente, con la abstención de los grupos de la oposición municipal. Tanto Mª José Català como Santiago Martí, aludieron entonces que la responsabilidad única de los hechos fue del exgerente, cosa que ahora ha contradicho la sentencia. PSPV y Bloc han denunciado el oscurantismo y la ocultación de documentación desde finales de julio cuando salió publicada la sentencia. Hace unos días, los grupos de la oposición acusaron al concejal de Urbanismo de retener en su despacho cartas del exgerente dirigidas a los portavoces de la oposición. BLOC y PSPV han denunciado que la sentencia ya es firme, y que no ha sido recurrida por la alcaldesa ni por el concejal de Urbanismo. De hecho, el exgerente ya ha cobrado la indemnización por el despido improcedente. Para los grupos de la oposición, se pone de manifiesto que el concejal de urbanismo, consejero delegado de Nous Espais y gerente en funciones, Santiago Martí, ha actuado de una manera contraria a los intereses de Nous Espais, a los intereses de la corporación municipal y contraria a los vecinos de Torrent. PSPV y Bloc habrían deseado que el propio Martí presentara voluntariamente la dimisión, porque, para ambos partidos, "son muy graves los hechos que ha protagonizado". Ante la evidencia de que el concejal pretende pasar por alto su responsabilidad, la oposición pide su dimisión como concejal y su cese inmediato por parte del la Alcaldesa-Presidenta de Nous Espais, como consejero delegado y gerente en funciones.