Un auto judicial obliga a quitar la subvención a la tasa de basuras

Ante el auto judicial que insta al Ayuntamiento de Torrent a paralizar la subvención a la tasa de basuras de la EMTRE, el Grupo Municipal Socialista quiere recordar a la alcaldesa que ya la avisó hace tiempo de que el modelo de subvención establecido era ilegal, y que era una irresponsabilidad aplicar medidas ilegales que podrían conducir al ayuntamiento a un callejón sin salida. El portavoz municipal socialista, José Veiga, le recuerda a la alcaldesa que “la primera obligación de un cargo público es cumplir y hacer cumplir la ley, cosa que no se está haciendo en Torrent”. El Ayuntamiento de Torrent ha recibido un auto judicial que le insta a paralizar la subvención a la tasa de eliminación de residuos implantada por la EMTRE desde el presente año 2009. Dicha tasa fue establecida por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, un organismo gobernado por el PP, domiciliado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, presidido por el concejal de Valencia Isidro Sanchís, y del que forma parte la alcaldesa de Torrent, María José Catalá. El auto judicial responde a un recurso planteado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que interpretó que el modelo de subvencionar indiscriminadamente la tasa de basuras contenía presuntas irregularidades. Este modelo consiste en que la empresa municipal Aigües de L’Horta subvenciona a cada usuario la tasa de eliminación de residuos, calculada según el consumo de agua. El Ayuntamiento financia a Aigües de L’Horta con la cantidad gastada en las subvenciones (1.700.000 euros en 2009). En el Pleno celebrado el 8 de enero de 2009, que aprobó el modelo de subvención de la tasa de basuras, el Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación, porque la medida aparecía muy enredada, no iba acompañada del preceptivo informe de legalidad, y presentaba evidentes irregularidades que podían conducir a prácticas ilegales. El portavoz municipal socialista, José Veiga, ya avisó de que “la primera obligación de un cargo público es cumplir y hacer cumplir la ley, y la alcaldesa de una ciudad de 80.000 habitantes no puede ir por ahí incumpliendo la legislación vigente”. En dicho Pleno, Veiga recordó que “la Tasa de eliminación de basuras es una tasa del PP; los únicos que votaron a favor de esa tasa fueron los representantes del PP en la Entidad Metropolitana, por lo que la responsabilidad de la tasa es del PP, de todo el PP y también del PP de Torrent”. El Grupo Municipal Socialista apoyó la propuesta de que la tasa no gravara más los bolsillos de los torrentinos, pero también indicó que estaba hecha con prisas y contenía numerosas anomalías que planteaban serias dudas sobre la legalidad de la medida adoptada, lo que dejaba el acuerdo del Pleno en una situación de indefensión jurídica que podría acarrear en un futuro problemas muy serios para la ciudad. El expediente no llevaba el obligatorio informe de legalidad, que sólo fue incorporado un minuto antes del Pleno, el acuerdo fue nulo de pleno derecho, puesto que el Pleno Municipal no podía aprobar gastos antes de haber aprobado el presupuesto del año, y la propuesta incumplía la Ley de Subvenciones, y también la Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuando establece que “los perceptores de subvenciones municipales tendrán que acreditar –antes de recibirlas- que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales”; según esto, el acuerdo planteaba serias dudas respecto a los contribuyentes que tienen deudas con el ayuntamiento por impago de tributos municipales. “Todo este embrollo pone de manifiesto, para el portavoz socialista, que esto no puede seguir así, que la alcaldesa tiene que comprender que gobernar un ayuntamiento no es someter al pueblo a caprichos ilegales, que hay que respetar la ley y que los técnicos que elaboran informes jurídicos tienen que tener un mínimo de nivel, porque si no, contribuyen también a que la situación se enrede”. Veiga remarca que “aquí hay una actuación presuntamente irregular, y la alcaldesa tiene que buscar una salida que se ajuste a la legalidad, tiene que mantener su compromiso de que no paguemos la tasa y tiene que evitar que la empresa municipal Aigües de L’Horta se vea afectada por los enredos, la irresponsabilidad y la incompetencia”.