El PSOE denuncia la modificación de las bases de tres altos funcionarios

Según los socilaistas el gobierno municipal del PP quiere modificar las bases para proveer puestos de trabajo de tres altos funcionarios municipales que se aprobaron por el mismo gobierno municipal en el Pleno del 21 de enero de 2009. En aquel Pleno, el gobierno municipal del PP aprobó en solitario las bases para cubrir los puestos de trabajo de tesorero, vicesecretario y viceinterventor, altos cargos del Ayuntamiento que se cubren por funcionarios habilitados nacionales. El Partido Socialista no apoyó la propuesta porque presentaba numerosas contradicciones, porque se quería hacer un “traje a la medida” para que las plazas fueran ocupadas por quien quiere el gobierno local, porque se presentó con prisas y sin debate previo, y porque no había pasado el trámite obligatorio de ser negociada con los sindicatos en la Mesa General de Negociación. Ahora, dos meses después, según palabras e su portavoz Jose Veiga "es el propio gobierno municipal del PP el que quiere modificar las bases que él mismo aprobó". Para el Grupo Socialista, esta actitud es preocupante, sospechosa e ilegal. "Es preocupante, porque refleja una vez más la incompetencia, la incapacidad y la improvisación de un gobierno local que no sabe por dónde va. Es también sospechosa, porque si hace dos meses ya se hizo un traje a la medida que olía mucho, ahora parece que quieren ajustar las medidas del traje y huele mucho más". Según el PSOE, la actitud del gobierno municipal es también ilegal, porque el plazo de presentación de las bases de la convocatoria ante la conselleria terminó el 10 de febrero, por lo que la modificación de dichas bases exige la aplicación de lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 30/1992, respecto de la declaración de lesividad para los intereses del propio ayuntamiento, por lo que sería el Ayuntamiento el que tendría que impugnar su propio acuerdo de enero, presentar un recurso contra su propia decisión, aceptar la sentencia de los tribunales, anular el acuerdo anterior y aprobar las nuevas bases, que seguirían estando sujetas a recurso por cosas tan simples como que a un secretario-interventor de tercera no se le pueden computar puntos por su trabajo en un Ayuntamiento de Primera. Según afirman los socialistas, en las bases aprobadas en enero, figuraban méritos como puntuar, en las tres plazas, haber prestado servicios de lo mismo en ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, miembro de más de una entidad metropolitana y cuyo presupuesto consolidado estuviese entre 75 y 150 millones de euros. El Grupo Socialista ya denunció en el Pleno que más claro, agua, puesto que el único ayuntamiento valenciano que reunía esos requisitos era el de Torrent, con lo que presuntamente se hacía un traje a la medida de quienes ocupaban las plazas de manera provisional. Ahora desaparece el requisito del límite de presupuesto en 150 millones. Según Veiga, "desaparecen también otros méritos que se establecían para el puesto de tesorero o tesorera, como haber obtenido premio extraordinario final de carrera, haber superado el primer ciclo de Derecho y haber superado la oposición estatal de intervención-tesorería dentro de los cuatro primeros puestos". "Por el contrario, en las nuevas bases aparecen méritos normales en este tipo de convocatorias, como valorar los cursos de formación y perfeccionamiento, que no aparecían en las bases anteriores". En el Pleno del 21 de enero, el Grupo Socialista denunció que se intentaba hacer un traje a la medida, pues se establecían como requisitos diferentes niveles de conocimiento del valenciano para las tres plazas, cuando el argumento utilizado era el mismo (el carácter valenciano hablante de la ciudad y las funciones propias del puesto de trabajo). El Grupo Socialista no cuestionó la capacidad profesional de ningún trabajador actual del Ayuntamiento, pero se negó a colaborar en que una institución pública se convirtiera en un lugar en el que se hacen “trajes a la medida”. La concejala de Personal argumentó en el Pleno de enero que en la redacción de los requisitos y los méritos había recomendaciones de la Dirección General de Cohesión Territorial, defendió que el proceso se hacía con transparencia y seguridad jurídica, que existían informes jurídicos que avalaban la propuesta y que se había consultado con numerosos especialistas. Para el portavoz del Grupo Socialista, José Veiga, “con la propuesta de modificación, todos los argumentos que en su día expuso la concejala de Personal quedan en entredicho, puesto que si se modifican las bases, ¿dónde quedan las recomendaciones de la Dirección General de Cohesión Territorial?, ¿dónde quedan la transparencia y la seguridad jurídica?, y ¿dónde quedan los informes jurídicos que avalaban la propuesta y las consultas de los numerosos especialistas?” Veiga añade que “si cuando se aprobaron las bases ya había dudas sobre su legalidad, la modificación incurre en una clara irregularidad, está fuera de plazo y demuestra una vez más la incompetencia de la alcaldesa y del gobierno municipal del PP”. El portavoz soicalista concluye afirmando que “la alcaldesa de Torrent nos está llevando a la ruina con sus continuos fallos y sus irregularidades, y no aprende nunca que hay que respetar la ley porque al final quien paga sus errores son los vecinos”.