El PSOE dice que la rectificación en las VPO deja claro que "las subidas eran ilegales"

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su satisfacción porque el concejal de Urbanismo –a requerimiento del portavoz socialista- anunció en el Pleno del día 5 de febrero que los jóvenes adjudicatarios de las 168 viviendas protegidas de los edificios M-7 y M-20 de Parc Central pagarán el precio que figuraba en las bases reguladoras que se hicieron públicas en enero de 2007 y en las condiciones establecidas, que tenían legalmente un valor contractual. Según los socialistas, el gobierno municipal del PP de Torrent rectifica una decisión de la alcaldesa que además de injusta era ilegal. Para el Grupo Socialista, el primer paso positivo fue conseguir que la alcaldesa tuviera que rectificar y anular la subida descomunal de las 36 viviendas que pasaron de públicas a concertadas y aumentaron su precio un 28%. Pero el aumento de precios afectaba a esas 36 viviendas recalificadas, y también a las 132 restantes, que sufrían otra subida de precios porque se modificaron los módulos de viviendas protegidas establecidos por la Generalitat, módulos que pasaron de 1.339 euros el metro cuadrado en 2007 a 1.577 euros en 2009. Esta subida era también ilegal, y suponía que estos 132 jóvenes se veían obligados a pagar entre 4.000 y 7.000 euros de más respecto a lo estipulado en las bases de la convocatoria. Para el Grupo Socialista, "la rectificación de la alcaldesa deja claro que las subidas eran injustas e ilegales. El Grupo Socialista se muestra satisfecho porque las quejas y reclamaciones de los jóvenes han provocado que la alcaldesa rectifique. Así mismo, el Grupo Socialista muestra su preocupación porque esta rectificación pueda llegar a suponer que se genere otra posible ilegalidad si el Ayuntamiento llega a perder patrimonio municipal para compensar las hipotéticas pérdidas de las empresas constructoras. Hay que tener en cuenta que la cantidad total de dinero que los jóvenes habrían pagado si no denuncian este abuso habría sido superior a los dos millones de euros". Para el portavoz del Grupo, José Veiga, “primero quisieron que los jóvenes adjudicatarios pagasen de su bolsillo más de dos millones de euros de sobrecoste, y les pillamos y han tenido que rectificar”. Veiga añade que “ahora hay que vigilar para que el abuso no lo paguemos todos”. El portavoz socialista muestra su alegría porque los jóvenes han podido resolver un problema muy grave que les creó la alcaldesa, y también muestra su preocupación “por si la alcaldesa quiere lavar una ilegalidad con otra”. Vigilancia del proceso En el pliego de condiciones para la construcción de estas viviendas, se establecía que se valoraría la “cesión libre de cargas por parte de las empresas adjudicatarias a Nous Espais Torrent, SAU, de cualquier inmueble de las propias parcelas a construir en otro, sito en Torrent, con destino a vivienda social o locales en planta baja para usos de interés social”. Con estos datos, el portavoz socialista advierte de que a nadie se le ocurran nuevas triquiñuelas para liar más este lío. Veiga ha notificado personalmente los cambios a los numerosos jóvenes que acudieron al Grupo Socialista para denunciar el abuso de la alcaldesa, y les ha garantizado que vigilará para que se cumpla todo lo que ha anunciado el concejal de Urbanismo. El portavoz socialista afirma también que su grupo vigilará “escrupulosamente” que la legalidad se cumpla rigurosamente en todo el proceso. “Quien tenga que pagar, que pague, pero ni los jóvenes ni el patrimonio municipal van a salir perjudicados por estos abusos”, ha añadido el portavoz socialista. El Grupo Socialista y el Bloc han firmado conjuntamente la petición de convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta General de Nous Espais.