Torrent se adhiere al convenio de movilidad empleadas públicas por razón de violencia de género

El ayuntamiento de Torrent ha sido uno de los primeros consistorios en sumarse al convenio entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Justicia, Admnistració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para impulsar la movilidad de las empleadas públicas por razón de violencia de genero, entre administraciones públicas. El alcalde Jesús Ros se ha reunido con el Secretario Autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Publicas, Ferran Puchades para tratar el convenio y la importancia que el mismo tiene para la ciudadanía. Una reunión en la que también han estado presentes el concejal del Personal, Seguridad Ciudadana y Espacios Públicos, José Antonio Castillejo, y la concejala de Derechos Personales, Encarna Lerma.

Un acuerdo de carácter administrativo que compromete a las entidades firmantes a realizar las acciones oportunas para facilitar la movilidad por razón de violencia de género a las empleadas que se vean obligadas a abandonar su lugar de trabajo en la administración de origen para dar efectividad a las medidas de protección o al derecho a la asistencia social integral.

Las partes firmantes, entre las que ya se encuentra el consistorio torrentino tienen la obligación de comunicar a las empleadas víctimas de violencia de género los lugares vacantes en la localidad que la interesada indique, facilitar la ocupación efectiva en un puesto de trabajo de características semejantes al suyo, tramitar con carácter preferente los procedimientos necesarios o proteger la intimidad de las victimas así como sus datos personales y de cualquier persona que esté a su cargo. 

La protección de las víctimas de violencia de género ha sido regulada e incorporada en muchos ámbitos, incluida la ocupación publica. Los poderes públicos no pueden dejar de lado la violencia de género y tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales. Por ello, en el marco global es necesario que la violencia que se ejerce sobre las mujeres, deben de adoptarse medidas que contribuyan a hacer efectiva su protección.