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REDACCIÓN
Miércoles, 17 de Mayo de 2017
Compromís per Torrent califica de "despropósito irreal" el P.G.O.U proyectado por el gobierno de Ros.

El nuevo PGOU planea construir 9.000 viviendas y llegar a los 100.000 habitantes

Recientemente se ha presentado a los grupos municipales de Torrent el estado actual del nuevo proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, encargado a la mercantil IDOM por parte del gobierno socialista de Jesús Ros.

En este documento se plantea la construcción potencial de 9.036 nuevas viviendas con un horizonte de población de 100.000 habitantes para el año 2025. Las partidas o zonas del término municipal donde se ha proyectado este incremento de población son las de Monte-Real, Morredondo, El Vedat, la Marjadella, la Foieta, el Pantano, Monte-Levante, Santo Domingo y el Safranar.

 

Además se han rayado como nuevas zonas de suelo industrial toda la partida del Alter Alto, el Rajolar, más prácticamente toda la superficie correspondiente a la zona del Mas de Don Pedro. Con esta planificación la zona de polígonos se duplicaría, pasando de las 87'5 hectáreas contempladas al vigente P.G.O.U a las 162'03 propuestas ahora por el PSOE de Torrent.

 

Sobre las nuevas zonas verdes, estas aparecen en las actuales cocheras de Ferrocarrils de la Generalitat, más una pequeña franja en la Marjadella, dado que en la zona de poniente del Vedat, correspondiente al Cami de la Mala Pujada, también se ha proyectado una franja ajardinada, pero esta supondría invadir las zonas de secano y las estribaciones boscosas del propio Vedat. 

 

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, el gobierno de Ros está reproduciendo el mismo modelo urbanístico que provocó la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica, "parece que no sepan hacer otra cosa aunque la realidad tozudamente les diga lo contrario", ha declarado Alabajos, emplazando al PSOE a presentar un proyecto urbanístico sostenible y creíble, donde la calidad prime sobre la cantidad, y donde cualquier incremento poblacional tenga su previsión en materia de nuevos servicios públicos dotacionales como centros de salud, escuelas, institutos, seguridad, accesos, movilidad sostenible y transporte público.

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